En traducción. Acerca de los participantes de procesos político-lingüísticos y sus roles. Una aproximación y muchas cuestiones irresueltas

Georg Kremnitz1

Traducido del alemán por María del Mar Souto en la Residencia de Traducción del Traductorado en Alemán. I.E.S. en Lenguas Vivas «Juan R. Fernández». Tutoras de residencia: Griselda Mársico y Alejandra Obermeier. Revisión: Roberto Bein.

1. Contradicciones

La politique linguistique est un effort systématique, rationnel, et basé sur une perspective théorique, au niveau de la société, dans le but d’accroître le bien-être. Elle est en général mise en place par des organes officiels ou par leurs mandants et vise, en totalité ou en partie, la population placée sous leur juridiction.2

Así dice una definición de política(s) lingüística(s)3 publicada hace poco en un periódico sociolingüístico de primer orden. Refleja una concepción de política lingüística tal como predomina sobre todo en los EE.UU., generalmente en denominaciones como «planificación lingüística» y similares. En cambio, ya en 1987 Klaus Bochmann había definido la política lingüística como

la regulación de la práctica comunicativa de una comunidad social por parte de un grupo que ejerce la hegemonía lingüístico-cultural sobre esta, o bien aspira a ejercerla. La política lingüística está subordinada, como cualquier otra clase de política, a los intereses (sociales, económicos, ideológicos, culturales, religiosos) de determinados grupos/capas/clases sociales, si bien tales intereses se concretan como política lingüística generalmente de forma indirecta, mediatizados por otros ámbitos de la política: política mediática, política de formación de opinión, política cultural, política educativa, etc.4

Esta primera definición está muy cercana a las concepciones desarrolladas por Maas, Glück y Wigger —entre otros— en el ámbito de los Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie,5 pero es sabido que posteriormente Bochmann la amplió y precisó de manera considerable en la introducción al tomo sobre política lingüística en la Romania(4-62),6 editado bajo su dirección. Allí, Bochmann también aborda más de cerca el tema de los actores de la política lingüística. Sin embargo, (en principio) aún no se tratará este tema: ambas citas solo han de ilustrar en qué diferencias fundamentales se basan las definiciones de política lingüística. Tal vez se podría hablar, generalizando, de una concepción de política de orden y de una de política democratizadora. Mientras que en la primera parece haber una orientación político-lingüística prefijada más o menos «objetivamente» que luego habrá que llevar a la práctica de un modo «racional», en la segunda se hace evidente que diferentes grupos —dentro o fuera de una o varias comunidades lingüísticas que conviven (deben convivir) en una unión social— tienen (pueden tener) diferentes intereses y por eso representan (pueden representar) distintas concepciones político-lingüísticas:

Por lo tanto, la política lingüística no solo se lleva a cabo «desde arriba hacia abajo», sino que se concreta —como la política en general— en la interacción de intereses, opiniones y posturas, desde diferentes hasta opuestos, de la cual resulta, no obstante, una determinada direccionalidad.7

Por consiguiente, estas diferencias no solo se pueden establecer en la teoría, sino también en la práctica político-lingüística, y posiblemente pueden explicar los éxitos o fracasos político-lingüísticos.

Hace poco, Emili Boix y Xavier Vila8 retomaron el tema y presentaron un gráfico de los actores y sus roles; trazan una diferenciación entre los primeros que me parece útil: por un lado, el «Estado», en el que incluyen los tres poderes, y, por el otro, la «sociedad civil», en la que incluyen el poder económico y mediático, pero también todas las agrupaciones sociales, desde los sindicatos hasta las asociaciones de lingüistas.9 Pero la «población», tercer gran grupo en este esquema, se percibe casi sólo como receptor; de ella prácticamente no parten impulsos político-lingüísticos. Con esto los autores aparentemente recaen, al menos hasta cierto punto, en concepciones de políticas de orden. Ahora bien, hay que admitir que la «población» rara vez se articula como masa difusa, sino que cuando toma la palabra lo hace casi siempre a través de organizaciones civiles. No obstante, su papel no me parece tan insignificante, sobre todo en sociedades en gran parte alfabetizadas. También los representantes de los tres poderes son, ante todo, ciudadanos y, como tales, parte de la población; representan intereses sociales determinados (esto es válido también para las dictaduras). Por eso me parece que tiene sentido continuar aguzando la mirada sobre los participantes de procesos político-lingüísticos y sus posibles papeles. Mi hipótesis es que estos papeles se modifican en relación con los cambios de las condiciones sociales de comunicación y que estos cambios se exteriorizan en las evoluciones, pero especialmente en los resultados de los procesos. Curiosamente, este aspecto ha sido hasta ahora muy poco observado en la investigación. Por eso quiero intentar esbozar a continuación un esquema prudente como punto de partida para que continúe la investigación.

2. Retrospectiva

Se puede partir del hecho de que los precedentes de la(s) política(s) lingüística(s) implícita(s), en tiempos remotos, no son más que los intentos de hablantes que no están continuamente en contacto entre sí de adecuar mutuamente sus lenguas o variedades lingüísticas lo suficiente para poder entenderse entre sí. Solo la paulatina consolidación del poder y su creciente institucionalización conducen a que una determinada forma lingüística se considere ejemplar en una esfera de dominio y, por decirlo de algún modo, se imponga; el hecho se puede observar en muchas de las antiguas grandes potencias, que eran todas plurilingües —podríamos decir, por naturaleza—, sobre todo fuera de Europa. Si un hablante dispone de esa forma lingüística referencial, esa capacidad, casi por sí misma, lo acerca al poder, por lo cual más de un marginado busca hacerla propia; sin embargo, la enseñanza sistemática de esta forma lingüística de referencia apenas tiene lugar; por lo tanto, no se expande socialmente. Solo la creciente división de funciones dentro de la sociedad lleva en una fase claramente posterior desde el punto de vista histórico, en épocas muy diferentes que, sin embargo, se parecen con respecto al desarrollo de formas de dominio y estructuras sociales, a que los grupos dominantes se encarguen de poner también a disposición de sectores más amplios determinadas competencias lingüísticas en la medida necesaria para que la sociedad funcione. Esto es particularmente válido a partir del momento en que se introdujo la escritura, aunque se debe tener presente que un poder extendido en el espacio y de algún modo sólidamente institucionalizado debe de haber solucionado siempre el problema de la conservación de las comunicaciones lingüísticas, aunque fuera por medio de los quipos. Sin embargo, las poblaciones afectadas permanecen en su mayoría fuera de este círculo y siguen, además, prácticas lingüísticas residuales, que no se pueden entender como un obrar político-lingüístico consciente, pero que tienen, naturalmente, consecuencias político-lingüísticas.

En Europa, es muy probable que recién el Renacimiento haya traído consigo cambios decisivos con la invención de la imprenta y, poco después, su uso capitalista10 (como parte de la entrada triunfal del capitalismo temprano) y el afán de democratizar las prácticas religiosas.11 Las primeras medidas político-lingüísticas se pueden advertir anteriormente, pero son medidas aisladas y no se convierten en una política de conjunto; de todos modos, algunos imperios antiguos, justamente también fuera de Europa, impusieron una «lengua del poder» con cierta consecuencia. A partir del Renacimiento, debido al crecimiento profundo y rápido de comunicaciones a gran distancia y a la escrituralidad de la administración, y también de la vida económica, surge una necesidad cada vez mayor de alfabetización (las políticas lingüísticas se basan sobre todo en la escrituralidad; sólo esta puede superar ante todo el tiempo y el espacio); esa necesidad, a su vez, hizo imprescindible no solo una mejora de los métodos de enseñanza, sino también una racionalización del contenido de la misma. La adquisición de formas lingüísticas de referencia, en especial, escritas, tuvo que convertirse cada vez más en una tarea que debía resolverse en períodos cortos, y también los mediadores tenían que ser formados con rapidez. En mi opinión, este es un factor importante para explicar el paulatino desplazamiento del latín en Europa Occidental. La puesta en práctica política de las pretensiones iluministas como consecuencia de la Revolución Francesa permite observar muy claramente el correspondiente desarrollo histórico en Francia. Al mismo tiempo, provoca que la conciencia lingüística y la conciencia nacional de los afectados coincidan cada vez más claramente,12 aunque también aquí uno debe precaverse de una visión finalista de las cosas. El nacionalismo en el sentido moderno es un fenómeno vinculado con condiciones históricas determinadas.

Esta necesidad de alfabetización colectiva se cruzó con el hecho de que se dotara de escritura a cada vez más lenguas y variedades; necesariamente, este hecho también fue considerado elemento de identidad colectiva, al menos por una parte de los escribientes y hablantes, sobre todo cuando se trataba, en el caso de los gramáticos, de integrantes de los grupos afectados. Si en principio esta identidad se había formado de facto en los hablantes de las lenguas que tenían una posición dominante,13 los integrantes de grupos dominados la consideraron luego un símbolo del propio grupo, lo que finalmente condujo a que allí donde un grupo no disponía de una lengua de referencia propia, a veces tuviera que crearla directamente de manera sintética,14 a menudo con gran dependencia, aunque indirecta, de la respectiva lengua dominante. Justamente en este período, que caracteriza sobre todo al siglo XIX en Europa, se hace manifiesto en qué medida las políticas lingüísticas pueden trasladarse del ámbito estatal al ámbito social (y civil). Un segundo momento de este traslado se manifiesta en la historia más reciente de la descolonización, donde se repiten procesos similares.

A partir de fines del siglo XIX tiene lugar, en forma paralela a este movimiento, una nueva revolución técnica que permite que la voz hablada pueda ser grabada y transportada y que, a su vez, luego de un período de transición no demasiado extenso, somete al juego capitalista los medios que surgen de la misma hasta ahora, y sobre todo la radio y la televisión. Para algunas sociedades, este desarrollo tuvo un precedente en el crecimiento del significado social de la prensa diaria, sobre todo en el siglo XIX; sus formas de organización de derecho privado tienden a reproducirse en los otros medios. Aún hoy no se puede prever con claridad qué consecuencias político-lingüísticas resultarán de ello (aunque la tendencia parece ser, en principio, la de una concentración en pocas lenguas, usadas como linguae francae; de todos modos, aquí y allá se pueden vislumbrar movimientos dialécticos contrarios) y tampoco se pueden prever hoy en día las consecuencias político-lingüísticas de la creciente difusión de Internet y del correo electrónico.

Estos cambios tecnológicos acarrean otros cambios en las condiciones de la comunicación, pero también cambian los roles de los actores en los procesos político-lingüísticos. Además, también modifican la importancia respectiva de las concepciones de política de orden y de política democratizadora. Queda especialmente claro que la densidad de una codificación lingüística junto con el grado de alfabetización de una sociedad desempeñan un papel que hasta ahora ha sido generalmente subestimado. Así, no es lo mismo, por ejemplo, si una reforma ortográfica emprende una selección y con ella una precisión de reglas de diferentes tradiciones de escritura que coexisten en una sociedad solo parcialmente alfabetizada, tal como sucedió en la mayoría de las sociedades europeas hasta fines del siglo XIX, o si se realiza un reemplazo de reglas en una sociedad completamente alfabetizada, que interviene en las costumbres que la sociedad tiene hasta ese momento al declararlas como ya no correctas, como sucedió a fin de cuentas en los países de habla francesa y alemana. En especial, cuando las concentraciones sociales de poder son afectadas por tales cambios, hay que ver cómo resulta la puesta en práctica, más aún cuando esta no apunta claramente a una racionalización de las convenciones. Lo que se esbozó aquí como un ejemplo político-lingüístico, también se puede mostrar de manera similar en el sector de las políticas lingüísticas.

3. Digresión sobre la conciencia colectiva

En ambos casos, junto con los intereses reconocibles, la conciencia colectiva de los afectados en cada caso, y aún más la de los multiplicadores, desempeña un papel decisivo.15 Naturalmente, la conciencia también está guiada por intereses, pero las dos dimensiones no se superponen, ya que junto con los intereses también la ideología desempeña siempre un papel importante, pudiéndose parafrasear (no quiero decir definir) aquí este concepto tan cambiante como «percepción de intereses supuestos o verdaderos, surgidos de todos modos de determinados axiomas.»16 Las ideologías conforman un marco de referencia, dentro del cual deben evaluarse los hechos. Se vuelven contraproducentes cuando este marco solo contiene una percepción insuficiente de los realia correspondientes. En este sentido, todas las ideologías (al menos en principio) también están sujetas a un determinado control de la realidad.

La conciencia lingüística colectiva está siempre sujeta a las influencias externas más diversas, que influyen sobre ella modificándola y que también crean, en último término, una tensión constante. Esta tensión aumenta cuando crecen la intensidad y la frecuencia de las influencias externas y cuando los mensajes transmitidos divergen cada vez más, o a veces están en abierta contradicción. El hablante individual, pero también grupos completos o partes de ellos, son arrastrados en direcciones muy diferentes al mismo tiempo y por eso deben decidirse continuamente por una u otra manera, y todas las decisiones están sujetas constantemente a una posible revisión, porque su utilidad en la realidad puede resultar insuficiente. Esta situación de tensión constante conduce fácilmente a que los hablantes, a partir de un momento determinado, se cierren considerablemente a la incorporación de nuevas impresiones, para obtener en apariencia más seguridad existencial.

Sin embargo, no hay una relación directa entre la conciencia y la práctica lingüísticas, dado que para esta última también desempeñan un papel importante otros puntos de vista, principalmente comunicativos. El habla tiene funciones tanto comunicativas como demarcadoras, pero en general las primeras prevalecen sobre las segundas. Por eso se puede producir un comportamiento lingüístico en hablantes individuales y grupos enteros que en principio no se corresponde con la conciencia, pero que a largo plazo ejerce naturalmente una influencia sobre ella; en definitiva, en esto radica la esperanza de todas las políticas lingüísticas represivas.

4. De la actualidad

Hoy en día deben diferenciarse dos situaciones fundamentales, a saber: por un lado, la de aquellas lenguas cuyos representantes disponen de infraestructuras estatales y, por otro, la de aquellos representantes de lenguas que no disponen de tales estructuras y deben basarse en iniciativas individuales o de la sociedad civil (en tanto existan).17

Esta segunda situación se asemeja, en cierta manera, a la de las lenguas habladas y escritas en la Europa del Renacimiento, cuando se hizo manifiesta la necesidad de adoptar medidas político-lingüísticas, pero, en principio, faltaban las infraestructuras necesarias; los primeros trabajos normativos fueron redactados por individuos, las controversias por diferencias en las concepciones fueron dirimidas entre individuos y solo a duras penas pudieron crearse instituciones (privadas) que, poco a poco, pudieron ir ganando autoridad en sus sociedades respectivas. Una institución aún hoy en día prestigiosa, a pesar de todo, como la Académie Française, tuvo que adquirir primero su prestigio, aun cuando la protección de la realeza fue de gran ayuda y aunque la incompetencia evidente de algunos de sus miembros fue contraproducente. Por supuesto que en la época del absolutismo francés el círculo de los afectados por cuestiones político-lingüísticas era aún tan limitado que podía ser perfectamente alcanzado con las modestas posibilidades mediáticas de esos tiempos. Además, el factor prestigio —la lengua de la corte— desempeñaba un papel importante. Las disputas entre individuos o grupos se evidencian aún más claramente en formas de dominio menos centralizadas que la francesa; el ejemplo del alemán es, en este punto, especialmente instructivo. Además del prestigio de la lengua cortesana, el interés comercial de las imprentas y también el afán de determinadas escuelas ideológicas de comunicarse fueron elementos importantes para la creciente normativización; por un lado, de variedades dentro de una lengua y, por otro, también con respecto al cambio de lengua de las minorías a la dominante.

En los casos en que hoy las lenguas deben afirmarse en sitios sin estructura estatal, la situación es usualmente mucho más difícil porque tienen frente a ellas una política lingüística institucionalizada, estatal, que dispone de todos los medios de comunicación. Si tomamos el ejemplo del occitano o del bretón, comprobamos que en el primer caso ni siquiera en el círculo de los defensores de la lengua tuvo éxito un acuerdo con respecto al objeto en cuestión, y mucho menos con respecto a convenciones lingüísticas de referencia o gráficas (lo segundo es aplicable también al bretón, donde aunque la disputa en torno a la grafía se ha reducido mucho en el último tiempo, el encuentro de una solución parece perfilarse solo paulatinamente18). En el ámbito del occitano, desde 1997, un Conselh de la Lenga Occitana intenta tomar las decisiones político-lingüísticas necesarias; sin embargo, por un lado, se presentan dentro de la entidad (que abarca solo a los partidarios de la grafía y forma de referencia alibertina y con eso —aunque por motivos explicables— sigue excluyendo a grupos del movimiento renacentista relativamente influyentes) profundas diferencias de concepción, que continuamente impiden acuerdos racionales que se puedan imponer en la sociedad; por otro, el Conselh carece de estructuras que estén en condiciones de hacer públicas sus decisiones de manera apropiada. De facto, algunos medios (privados) como radioemisoras y la revista La Setmana son de momento bastante importantes para la formación de la lengua de referencia; la enseñanza escolar también va comenzando a tener efecto como instrumento normativo, tanto en escuelas estatales como en privadas, pues los escolares adquieren de sus maestros formas y costumbres lingüísticas determinadas; así, las formas entran paulatinamente cada vez más en circulación social.19 Hay que ver si a través de esta expansión del uso (secundario) de la lengua surge lentamente una presión de la norma que se sobreponga a las antiguas contradicciones y establezca un consenso mínimo, por lo menos en la sociedad (civil). En todo caso, el ejemplo occitano demuestra dentro de un pequeño marco cómo se desarrollan hoy en día tales conflictos político-lingüísticos cuando ninguno de los organismos legitimados por la sociedad respaldan una u otra solución y las ideas hostiles a las minorías de la administración y la política centrales siguen jugando un papel importante en segundo plano.

La comparación con la situación catalana demuestra algunas diferencias significativas. En las primeras décadas de nuestro siglo, la conciencia colectiva catalana era, por lo menos en el Principat, tan sólida que finalmente una sola persona, Pompeu Fabra, aunque en el marco del Institut d’Estudis Catalans, logró fijar una concepción de lengua de referencia —en algunos rasgos, considerablemente innovadora— e imponerla institucional y, por último, también socialmente. Además se logró imponer esta lengua de referencia, por lo menos en principio, también en otras regiones de habla catalana, por el momento exceptuando parcialmente a Valencia. Más de una vez se expresó que ya no es concebible hoy en día un éxito similar, dado que la variedad de opiniones aumentó tanto que actualmente está casi descartado un consenso similar. Seguramente, a la imposición del modelo de Fabra contribuyó el hecho de que la enseñanza escolar en catalán aún estaba poco desarrollada, no había una seguridad lingüística de referencia, pero también el hecho de que fue aceptado en su sociedad como el experto indiscutido y, sin duda, su modelo era el más eficaz. Uno parece poder deducir del ejemplo, por así decirlo prudentemente al revés, que las instituciones democráticas muy desarrolladas dificultan las soluciones político-lingüísticas. También habría que comprobar esta hipótesis, en la cual naturalmente la cifra de las variables es relativamente grande.2

La situación actual es fundamentalmente distinta para aquellas lenguas cuyos hablantes disponen de aparatos estatales (uno o varios). Por un lado, estas instituciones tienen, naturalmente, sus conceptos normativos transmitidos como fuera; por otro, ciertas cuestiones fundamentales —como por ejemplo la de la denominación o también la del papel social de la lengua respectiva— están, al menos, resueltas en la práctica. Pero la observación histórica demuestra que también aquí las configuraciones de los participantes y su peso relativo sufren (pueden sufrir) un cambio. Así, la Revolución Francesa marca al respecto un punto claro de ruptura: mientras que antes influían sobre todo la Académie y junto a ella las imprentas (principalmente holandesas), ahora es cada vez más importante el rol directo de las autoridades estatales en la preparación de la enseñanza obligatoria general. Se respaldan también en la (resurgida) Académie, pero al mismo tiempo las influencias directas, como la formación de docentes, son cada vez más importantes. El apogeo de la influencia directa estatal se alcanza con la proclamación de la enseñanza obligatoria general a partir de 1881. No es extraño que, justamente en esta época, en los márgenes de esta esfera, surja un movimiento para reformar la ortografía que quiera hacer más fácil y realizable la meta política de la alfabetización de toda la población a través de la racionalización de las reglas ortográficas y con medios más eficaces; una de las finalidades, y no la última, de esta reforma es el respaldo indirecto de la Tercera República. Las leyes Jules-Ferry de introducción de la enseñanza obligatoria también tenían como objetivo evitar a largo plazo el regreso de la monarquía.21 Los intentos de reformar la ortografía fallaron, o mejor dicho, terminaron en una operación cosmética: el Edicto de Tolerancia Leygues de 1901, que nunca logró un significado práctico.22 Predomina una coalición de los poderes conservadores (la Académie era, en su mayoría, antirrepublicana), que por un lado interpretan cada reforma como decadencia, pero que también piensan en el potencial de selección social de una grafía historizante y etimologizante, y los intereses materiales de los impresores y editores que saben defender eficazmente sus posiciones en las opiniones publicadas. Además, el aumento práctico del número de alfabetizados convoca a un ejército de afectados (a veces solo aparentemente) que por motivos elementales —perdería valor su propio conocimiento ortográfico— no quieren que se modifique la ortografía vigente. No solo en Francia se ha logrado convocar en todas las siguientes discusiones de reforma a estos afectados, que aumentan considerablemente el peso de los poderes resistentes.23 Los mejores resultados que se pueden esperar en tal situación son acuerdos que no satisfacen a ninguna de las partes, como por ejemplo la última reforma ortográfica alemana. En las últimas décadas, la radiodifusión y, sobre todo, la televisión redistribuyeron en forma paulatina el peso entre la lengua escrita y la lengua hablada, pero aunque muchos (no todos) lingüistas exigen una mayor conexión de la lengua escrita con la hablada, hasta ahora esta idea no se llevó realmente a la praxis normativa en ninguna parte. Hay que ver si el correo electrónico (e-mail) producirá algún cambio a largo plazo,24 si se sigue imponiendo. De todos modos, en las últimas décadas se produjo una fuerte inclusión de la discusión sobre la norma lingüística en el debate público, de manera tal que las decisiones (ya) no pueden tomarse de forma burocrática y recién después publicarse. Esto se demostró en Francia también en relación con la creación de las leyes Bas-Lauriol y Toubon.25 En cambio, cada vez más del lado de los intereses estatales está la creación de organizaciones que defienden el rol comunicativo (y político) del francés, ya se trate, por ejemplo, de comisiones de terminología o de todo tipo de infraestructuras, como los centros de documentación. En este ámbito hay mucha menos discusión pública, de manera que muchas decisiones se toman casi sin control social. Naturalmente, al comienzo de tales estructuras existe un gasto financiero considerable del que no se puede esperar una rentabilidad inmediata; por eso el capital privado, que generalmente invierte de buen grado, en principio se abstiene.

Por último, debe recordarse un rol importante de la población: al fin y al cabo tiene la posibilidad de consumar decisiones político-lingüísticas o de hacerlas quedar en la nada. Las innovaciones, ya sea la reducción del vocabulario sexista, la creación de nuevos términos, las reformas ortográficas o determinados cambios discursivos, proceden siempre de determinados sectores de las sociedades, pero solo su aceptación por parte de la sociedad y las instituciones demuestra si pueden imponerse socialmente. El fin del «socialismo real» arrojó como resultado secundario que las poblaciones afectadas pueden ser incluso lingüísticamente mucho más testarudas de lo que se suponía, tanto en el sentido positivo como en el negativo.

5. Conclusión

El presente esquema solo pretende señalar un campo interesante, aún poco tratado: el del desarrollo de los roles de los participantes en procesos político-lingüísticos en el transcurso histórico. Valdría la pena continuar investigando esta cuestión; profundizaría nuestro saber no solo sobre la política lingüística, sino también, y no en última instancia, sobre la comunicación y el cambio lingüístico.

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