En el año 2016, el Estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmaron el «Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera» (2016, agosto 24). Este texto dio por finalizada una confrontación armada interna que se había extendido por más de cinco décadas. Si bien, dentro de la legislación existente, no era obligatoria la refrendación de los Acuerdos, el gobierno de Juan Manuel Santos había indicado, durante la negociación llevada a cabo en La Habana, Cuba, que se realizaría un plebiscito orientado hacia la «validación popular» del documento pactado (2015, diciembre 14). Esta votación se llevaría a cabo en octubre de 2016 y consistía en la respuesta afirmativa o negativa ante una única pregunta: ¿Apoya usted el «Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera»?
El llamado «Plebiscito por la Paz» se votó el 2 de octubre de 2016 y se esperaba que fuera el espaldarazo de la ciudadanía colombiana ante un proceso de paz que se había extendido durante cuatro años y que pondría fin a la que fuera la guerrilla más antigua del continente. Sin embargo, los resultados de esta votación fueron: 49,78% para el Sí y 50,21% para el No (Registraduría General de la Nación, 2016, octubre 2). Frente a este resultado, se invalidaba el texto que se había firmado entre las dos partes de la negociación; sin embargo, se planteó la posibilidad de realizarle modificaciones al Acuerdo, con el objetivo de mantener en firme el paso de la fuerza insurgente al sistema democrático. Así, se generaron múltiples reuniones con el fin de dar solución a los cuestionamientos que habían surgido en contra del Acuerdo firmado en agosto, los cuales provenían especialmente de las fuerzas conservadoras y de ultraderecha. Diversos partidos, ubicados en este espectro de la contienda política, habían realizado una fuerte campaña por el No, introduciendo elementos de ámbitos diversos, entre los que resalta una acérrima oposición a la «ideología de género» que se suponía estaba incluida en el texto del Acuerdo de Paz.
Los grupos promotores del «No» fueron, principalmente, la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, el Partido Conservador Colombiano, el Consejo Evangélico Colombiano, el Partido Centro Democrático, la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, el Pacto Cristiano por la Paz, el Grupo Significativo de Ciudadanos Libres, entre otros sectores políticos y religiosos conservadores. Con el fin de estigmatizar el Acuerdo de Paz, la campaña en su contra se centró en mensajes que resaltaban la supuesta impunidad de quienes se acogieran al acuerdo, la «entrega» del país a la guerrilla, la expansión del «castrochavismo» y la imposición de la «ideología de género». En torno a este último elemento, se buscó desvirtuar la perspectiva de género incluida en el Acuerdo con frases como: «No al aborto/No a quienes atacan la familia/No al enfoque de género/Por eso digo No a los acuerdos de la Habana» (Semana, 2016, diciembre 19). Estos mensajes constituían falsas afirmaciones que distorsionaban el Acuerdo y que lo mostraban como un texto mediante el cual se expandiría la homosexualidad y se destruiría la familia nuclear tradicional. En un artículo titulado «La ideología de género, el peligro oculto de la falsa paz con las FARC» (Cárdenas, 2016, septiembre 17), se afirma que
El texto habla de forma variada de «enfoque de género», «enfoque diferencial y de género», «enfoque diferenciado y de género», «enfoque diferencial y perspectiva de género» o «enfoque general de derechos humanos, salud pública, diferenciado y de género».
En total, la palabra «género» aparece más de 100 veces a lo largo del texto, mientras que no aparecen palabras que pudieran parecer obvias como «terror», «terrorismo» o aparecen de forma muy poco notable otras como «guerrillas», dos veces, «libertad» o «narcotráfico».
Este mismo autor indica que «con el uso del término género y la aplicación de su ideología subyacente, se reivindica una nueva manera de entender la persona, la familia, la sociedad, la libertad, la autonomía, los derechos fundamentales e incluso los deberes de Estado» y cuestiona el hecho de que el Acuerdo hable sobre «la creación, promoción y fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales de mujeres jovenes [sic] y poblacion [sic] LGTBI». De acuerdo con lo anterior, puede verse que la crítica a la perspectiva de género fue otra de las reivindicaciones utilizadas por la campaña del «No» para rechazar los Acuerdos de Paz.
El término «ideología de género» es un sintagma nominal utilizado por grupos religiosos y políticos en América Latina. El uso de este término se ha incrementado en las últimas décadas con el fin de oponerse a las reivindicaciones de derechos de las comunidades LGBTIQ+ y como respuesta ante el fortalecimiento del discurso feminista en la región, el cual ha promulgado la inclusión de perspectivas o enfoques de género. El sintagma «ideología de género» se propone como una forma de rechazar las visiones diversas sobre el género y la sexualidad, lo cual se plantea desde un lugar de enunciación arraigado en visiones heteronormativas y hegemónicas (Atehortúa, 2016, agosto 11). Según Rodríguez (2017:129),
La ideología de género se inscribe en flujos discursivos y redes de activismo conservador de escala global y regional, que se articulan con lógicas nacionales concretas. Por ello, más que un objeto «importado» por la Iglesia católica a la región para defender el lugar que ha ido cediendo, la ideología de género es producida en distintos lugares, apropiada por agentes religiosos y no religiosos, y movilizada en escenarios aparentemente ajenos a los de derechos de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros.
Sobre este sintagma, Posada (2019:79) afirma que es
un artefacto retórico con el que se representa a los feminismos y los movimientos de disidencia sexual, a sus luchas y sus saberes, de una forma uniforme, simplificada y caricaturesca, con el fin de incitar un rechazo social masivo y reconstituir la naturalización de los privilegios y de las violencias heteropatriarcales.
En Colombia, un primer momento de rechazo en contra de la inclusión de la «ideología de género» en las políticas públicas se presentó a inicios del año 2016, cuando el Ministerio de Educación Nacional presentó una serie de recomendaciones para disminuir la discriminación de género y respetar la diversidad sexual en las instituciones educativas. Ante este hecho, múltiples grupos conservadores, religiosos y de derecha iniciaron una fuerte campaña en contra de este elemento, la cual podemos resumir en la frase del cardenal Rubén Salazar Gómez (CNN Español, 2016, agosto 10): «Nosotros rechazamos la implementación de la ideología de género en la educación en Colombia, porque es una ideología destructora, destruye al ser humano, le quita el contenido fundamental de la relación complementaria entre varón y mujer». Es fundamental resaltar que, en este mismo lapso, se estaba dando la campaña por el plebiscito, por lo que los simpatizantes del «No» sumaron el rechazo a la «ideología de género» a su propaganda en contra de los Acuerdos (Semana.com, 2016, agosto 17; Serrano, 2017; Posada, 2019).
Metodología
En este escrito se analizan los cambios discursivos que se presentaron en torno a la temática del enfoque de género entre el texto del Acuerdo de Paz (2016, agosto 24) y el texto final de dicho proceso, publicado el 12 de noviembre del mismo año. Se pretende encontrar cuáles fueron las reformulaciones discursivas que se hicieron sobre esta temática y qué implicaciones tienen dichas transformaciones. Así, se pretende observar, desde una perspectiva glotopolítica (Arnoux, 2000, 2021; Arnoux y Del Valle, 2010; Del Valle, 2007, 2017), las regulaciones discursivas que introdujeron los grupos vencedores del plebiscito, es decir, quienes se ubican en el espectro más conservador y de derecha en el panorama político nacional.
El análisis presentado es un estudio comparativo entre dos textos del Acuerdo de Paz en torno al enfoque de género. Para realizar la comparación, en un primer momento, se realizó un conteo, en ambos textos, de las palabras mujer/mujeres, hombre/hombres, género/géneros, la sigla LGTBI y los sintagmas «orientación sexual», «diversidad sexual», «condición sexual», «identidad sexual», «identidad de género» y «enfoque de género». Se identificó que todo el texto sufrió alteraciones, luego del triunfo del «No». En ese sentido, las expresiones orientadas al reconocimiento del género fueron eliminadas del documento. De este hecho también dan cuenta Rojas y Reyes (2019:15), quienes afirman que, después del triunfo del «No», se modificó todo el texto eliminando expresiones como: «género», «diversidades sexuales», «identidad de género», «discriminación de género» y «orientación sexual». Dado que el interés de este estudio no es proponer generalizaciones o reglas, sino comprender las implicaciones de cada una de las transformaciones que se presentaron entre el documento inicial y el final, se acotó el estudio a la Introducción y el capítulo 1 de ambos textos. Así, se identificaron los enunciados que fueron reformulados y se plantearon tres estrategias discursivas que agrupan las modificaciones realizadas en el texto del Acuerdo.
A continuación, se hará una breve descripción de los dos textos analizados, con el fin de conocer su contenido y estructura. Por un lado, el «Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera» (2016, agosto 24) cuenta con 297 páginas compuestas por: Preámbulo, Introducción, 1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral, 2. Participación política: Apertura democrática para construir la paz, 3. Fin del Conflicto, 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, 5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, 6. Implementación, verificación y refrendación, Protocolos y Anexos. Este documento tiene la firma de ocho miembros del gobierno nacional: el jefe del Equipo Negociador, el Alto Comisionado para la Paz y seis negociadores plenipotenciarios; ocho miembros de las FARC-EP: jefe del Equipo Negociador y siete miembros representantes; dos firmas de países garantes: un delegado del Gobierno de Cuba y un Delegado del Reino de Noruega.
Este primer documento iniciaba con la propuesta de una Reforma Rural Integral, la cual hace parte de una búsqueda de democratizar el acceso a la tierra, dado que este conflicto agrario es una de las bases de la inequidad existente en la sociedad colombiana y fue uno de los detonantes de la aparición de los movimientos guerrilleros de mediados del siglo XX. Esta Reforma se alineaba con otras reivindicaciones campesinas y populares que ha realizado una parte del movimiento social colombiano. En ese sentido, el texto proponía avances para la transformación estructural del país y, por lo tanto, continuaba con un planteamiento acerca de la participación política; este segundo elemento también buscaba romper con una historia hegemónica en la que el poder político ha permanecido en manos de la oligarquía. Posteriormente, se habla del Fin del Conflicto como una ruta para cesar los enfrentamientos militares entre la Fuerza Pública y la guerrilla. Seguidamente, se propone el tema de las drogas ilícitas; en este punto se plantea la importancia de superar la idea de la «guerra contra las drogas» y, por el contrario, implementar estrategias integrales de atención en los diversos niveles de la cadena de la siembra, la venta y el consumo de estupefacientes. Este punto corresponde con una propuesta de transformación de una política de criminalización y de exterminio que ha afectado, principalmente, al campesinado colombiano. Un quinto punto se enfoca en la atención integral a las víctimas del conflicto, haciendo énfasis en la necesidad de verdad, justicia, reparación y no repetición. Por último, se habla de las etapas para la implementación, la verificación y la refrendación del Acuerdo.
Este documento, adicionalmente, contaba con una perspectiva de género transversal, la cual fue trabajada, durante la negociación, en la Subcomisión de Género. Entre el 2014 y el 2015, este organismo se reunió con organizaciones de mujeres, feministas y de diversidad sexual, con el fin de escuchar las necesidades de estos sectores e incluirlas en el Acuerdo Final. Tal y como puede verse, el documento buscaba condensar exigencias históricas de múltiples sectores sociales y responder a los reclamos integrando un Acuerdo integral que iniciara una transformación estructural del país y posibilitara nuevas apuestas políticas y sociales.
Por otro lado, el «Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera» (2016, noviembre 12), cuenta con 310 páginas y la misma estructura del documento anterior, solo se identifica una modificación en el último título referido a Protocolos y Anexos (2016, agosto 24: 193) que pasó a denominarse «Protocolos y Anexos del Acuerdo sobre Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP» (2016, noviembre 12:220). Este documento fue firmado por el Gobierno Nacional, representado a través de un jefe del Equipo Negociador, el Alto Comisionado para la Paz y un Negociador Plenipotenciario; por las FARC-EP, representadas por un jefe del Equipo Negociador y dos miembros representantes; y, finalmente, por dos países garantes representados por un delegado del Gobierno de Cuba y uno del Reino de Noruega.
Tal y como se puede ver al indagar sobre la composición de los dos textos, no existe un apartado específico que se refiera a la inclusión de un enfoque de género en estos documentos, sino que responde a un acuerdo generado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, quienes, de forma conjunta, se comprometen a incluir como uno de sus principios el enfoque de género, especialmente, en el apartado que refiere al acuerdo sobre las víctimas del conflicto (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016, junio 23).
Desaparición de sintagmas y modificación de conceptos en el texto postplebiscito
Quienes promovieron la campaña por el «No» apoyados en los señalamientos en contra de la «ideología de género» avanzaron sus propuestas de modificación del Acuerdo. En este punto, resalta el hecho de que las discusiones que se realizaban correspondían a los ámbitos del discurso; es decir, en tanto el Acuerdo era un documento ya pactado, las modificaciones se centraron en los cambios de los conceptos que ya estaban incluidos y en giros en la redacción. Sobre este hecho, el periódico El Tiempo (2016, octubre 31) informa que entre las principales propuestas de los sectores de las iglesias cristianas (vencedores en el plebiscito con el No) estaban:
considerar a «la familia como víctima central del conflicto», tener un enfoque «en igualdad de derechos para hombres y mujeres, reivindicando a la mujer como víctima del conflicto, sin necesidad de usar el término enfoque de género» y defender «la dignidad de la vida desde la concepción».
En esta misma noticia, también se afirma que:
se haría una «redacción» –en los apartes del acuerdo en los que se habla de aplicar el «enfoque de género»– en la que quede «claro» que esta expresión «se refiere a la reivindicación y protección especial de los derechos de la mujer como víctima principal del conflicto».
Encontramos, entonces, una pugna que pretende ganar el concepto, la forma de redactar y, por lo tanto, adueñarse del discurso (Foucault, 1992). Así, vemos que la discusión que se suscita y que, además, se hace pública a través de la prensa, tiene un interés único en dominar el discurso que va a quedar plasmado en el texto final del Acuerdo de Paz, dado que se comprende que es un elemento de poder, reforzado por su carácter de política pública que entraría a regular las relaciones en una sociedad con unos nuevos integrantes que harían el tránsito de la vida insurgente a la inclusión democrática. Este hecho se puede ver de forma aún más clara en las declaraciones realizadas por Alejandro Ordóñez, quien, luego de una reunión con el entonces presidente Juan Manuel Santos, afirmó que
El presidente me manifestó que compartía esas preocupaciones y acordamos que el Gobierno elaborará un documento para «purgar» la ideología de género de los acuerdos de La Habana. Un documento que se me presentará en las próximas horas, en los próximos días, para lograr valorarlo y estudiarlo, porque lo importante y lo fundamental en esa materia es que se logre proteger a la familia y a la niñez colombiana. (El Espectador, 2016, octubre 11)
Seguidamente, el exprocurador Ordóñez, al referirse al término «enfoque de género», indicó que este
es en últimas la almendra de la ideología de género, cuando se viene género, sin relación con el sexo, cuando se dice que el hombre no nace hombre, ni la mujer, mujer, sino que se hace, es el concepto que implícito en muchas de las utilizaciones de la palabra género en el acuerdo. (Caracol Radio, 2016, octubre 11)
Con base en lo anterior, encontramos que la disputa que se empieza a dar por el discurso es, ante todo, una disputa ideológica, que busca posicionar una visión heteronormativa y hegemónica en un texto que, al ser el resultado de un proceso de paz con una fuerza insurgente, incluía algunas transformaciones estructurales en torno a la visión del género y a la inclusión de las diversidades sexuales en la vida social.
Para comprender el contexto en el que se dan las modificaciones del Acuerdo de Paz, es importante saber que, luego de que los resultados del Plebiscito del 2 de octubre de 2016 sobre su refrendación favorecieran al «No» con un total del 50,21% de los votos, el Gobierno Nacional inició un diálogo público nacional con el objetivo de recolectar las propuestas de los grupos que defendieron la opción ganadora y, además, llevarlas a la Mesa de Negociación con las FARC-EP para modificar el texto del Acuerdo. Estas propuestas fueron, aproximadamente, quinientas y se organizaron en 57 grupos para lograr construir un nuevo texto. Las modificaciones discursivas que se plantearon llegaron a materializarse al momento de emitir el documento del 12 de noviembre de 2016, en el cual tanto las FARC-EP como el Gobierno realizaron modificaciones que fueron acogidas por los voceros del «No», lo cual permitió que se firmase un nuevo acuerdo el 24 de noviembre de 2016. Este texto fue refrendado por el Congreso de la República los días 29 y 30 de noviembre.
Los hallazgos que se hicieron a partir de mis primeras lecturas de análisis discursivo comparando ambos textos del Acuerdo posibilitaron corroborar que hubo transformaciones estructurales, las cuales giraron en hacer explícita la no afectación a la propiedad privada, los límites de la participación en política de quienes hiciesen parte del proceso, la reducción de la financiación al partido político al que transite la fuerza armada, la permanencia de mecanismos forzosos de erradicación de cultivos ilícitos, las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre otros cambios que fueron pactados en la Mesa de Negociación. Uno de los elementos claves en la transformación del texto, en la etapa del postplebiscito, estuvo relacionado con la temática del género.
En la Tabla 1, se presentan los resultados de un conteo realizado en los dos documentos estudiados. Se toma como base el documento de agosto por ser el documento que aparece primero en términos cronológicos y por ser la base para las modificaciones que se le realizaron luego de la pérdida del Plebiscito; por lo tanto, la variación porcentual se mide teniéndolo como referencia. Las palabras, la sigla y los sintagmas seleccionados para ser comparados emergen de una lectura inicial de los documentos en donde se identificaron elementos claves en las reformulaciones discursivas realizadas en el documento de noviembre.
Comparación del número de ocurrencias de palabras, sigla o sintagmas
| Lexema, sigla o sintagma | Acuerdo agosto de 2016 | Acuerdo noviembre de 2016 | Porcentaje de ocurrencias en noviembre con base en las de agosto |
| Mujer/mujeres | 197 ocurrencias | 222 ocurrencias | Aumento del 12,6% |
| Hombre/hombres | 57 ocurrencias | 67 ocurrencias | Aumento del 17,5% |
| Género/géneros | 114 ocurrencias | 55 ocurrencias | Disminución del 51,8% |
| LGTBI | 4 ocurrencias | 3 ocurrencias | Disminución del 25% |
| Orientación sexual | 8 ocurrencias | 0 ocurrencias | Disminución del 100% |
| Diversidad sexual | 1 ocurrencia | 0 ocurrencias | Disminución del 100% |
| Condición sexual | 2 ocurrencias | 0 ocurrencias | Disminución del 100% |
| Identidad sexual | 1 ocurrencia | 0 ocurrencias | Disminución del 100% |
| Identidad de género | 7 ocurrencias | 0 ocurrencias | Disminución del 100% |
| Enfoque de género | 21 ocurrencias | 16 ocurrencias | Disminución del 23.8% |
En este estudio, llamó la atención el hecho de que en el número de ocurrencias de las palabras mujer/mujeres y hombre/hombres se presentara un aumento del 12,6% y del 17,5%, respectivamente. En un primer acercamiento, se pensó que esto respondía a una ampliación de los conceptos de género incluidos en el documento, pero, al realizar una revisión más detallada, la cual se muestra en el siguiente apartado, se identificó un fortalecimiento de la concepción binaria del género, postura desde la cual se genera una exclusión de todas aquellas personas que no construyen su identidad de género en este reducido marco (Butler, 2007).
Otro elemento importante que se hace evidente luego de este conteo comparativo es la desaparición de los sintagmas «orientación sexual», «diversidad sexual», «condición sexual», «identidad sexual» e «identidad de género». Ante esta situación, resulta claro que quienes vencieron en el Plebiscito por la Paz no entablaron un diálogo con la contraparte, sino que utilizaron esa fuerza obtenida para desaparecer del documento todos aquellos sintagmas que posibilitaban la comprensión del género como un elemento diverso, construido por los sujetos en su desarrollo, constituyente claro de la identidad y que va más allá de lo biológico. En ese sentido, en lugar de proponer un debate que se viene dando desde finales del siglo XX en torno a los cuestionamientos a la heteronormatividad, los promotores del «No» aplicaron la política de «tierra arrasada» y eliminaron del texto todos aquellos términos que pudiesen cuestionar esa visión prescriptiva y esclerotizada del género y el régimen heterosexual. Esta acción respondió al llamado de algunos de sus voceros quienes, anteriormente, habían realizado afirmaciones como:
El enfoque de género se convierte en una plataforma política de activismo ideológico para el movimiento feminista y lgtbi [sic], que le ofrecerá un marco jurídico y abundantes recursos públicos para la «transformación de imaginarios», para «legitimar en todos los ámbitos de la vida social la identidad diversa», así como para la promoción de la «no estigmatización en razón de la orientación sexual y la identidad de género diversa».
Este último aspecto tácitamente califica a las visiones que no comparten los postulados éticos y antropológicos de la ideología de género sobre la sexualidad humana, como generadoras de violencia, y justifica su persecución como una exigencia de la paz. (Razón+Fe, 2016, septiembre 8)
No obstante, cabe resaltar que, ante unos resultados tan reñidos como los que se obtuvieron en el Plebiscito, organizaciones de mujeres, comunidad LGBTIQ+ y algunos movimientos sociales se pronunciaron en contra del ataque al enfoque de género existente en los Acuerdos. Estas manifestaciones se divulgaron en redes sociales, en la presentación de propuestas de enmienda al Acuerdo donde se enfatizaba la importancia del enfoque de género y en movilizaciones que se realizaron en todo el territorio nacional, como la realizada el 6 de octubre del 2016. Como respuesta a estos hechos, el sintagma «enfoque de género» no pudo ser erradicado por la parte ganadora y, aunque sufrió una disminución, se mantuvo dentro del documento. Ante esta situación, el grupo promotor del «No» optó por otra estrategia, la cual consistió en no eliminar el término, pero sí cuestionar su conceptualización, con el fin de vaciar de contenido el enfoque de género que se había pactado durante los cuatro años de diálogos en La Habana. Estas reformulaciones se pueden ver de forma más detallada en el siguiente apartado.
Reformulaciones discursivas
En este espacio, se hace un acercamiento a las reformulaciones discursivas existentes en la Introducción y el capítulo 1 «Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral» del Acuerdo de Paz. La visión que se presenta corresponde a una mirada que busca enlazar las transformaciones del discurso con las implicaciones políticas de dichos cambios; además, se deja en claro que esta es solo una de las muchas perspectivas con las que pueden ser abordados los cambios que se dieron en el texto del Acuerdo y, por lo tanto, se plantea la posibilidad de continuar abordando estos documentos con el objetivo de aportar, desde los estudios del discurso, a la comprensión de las relaciones que se entretejen en el marco del conflicto social y armado y una posible solución pacífica a contradicciones de más de cinco décadas.
A continuación, se presentan siete enunciados que sufrieron modificaciones entre el texto de agosto y el de noviembre de 2016. Los criterios de elección de estos enunciados fueron: 1) debían estar ubicados entre la Introducción y el primer capítulo; 2) Debían tener componentes relacionados con el género y 3) Debían corresponder al mismo fragmento reformulado en el segundo texto; es decir, no se tuvieron en cuenta las adendas que se hicieron en noviembre, sino los cambios sobre los textos de agosto. Estos siete enunciados fueron analizados y se identificaron tres estrategias discursivas que reúnen los cambios y modificaciones realizadas al texto del Acuerdo de Paz.
1. Modificaciones terminológicas
| Acuerdo agosto de 2016 | Acuerdo noviembre de 2016 | |
| 1 | Que esa transformación estructural requiere también que se promueva la equidad de género mediante la adopción de medidas específicas para garantizar que mujeres y hombres participen y se beneficien en pie de igualdad de la implementación de este Acuerdo. (9) | Que esa transformación estructural requiere también que se promueva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres mediante la adopción de medidas específicas para garantizar que mujeres y hombres participen y se beneficien en pie de igualdad de la implementación de este Acuerdo. (10) |
| 2 | Las medidas para la superación de la pobreza deberán tener enfoque de género que permita hacer frente a las necesidades particulares de las mujeres en el campo. (20) | Para la superación de la pobreza se implementarán medidas específicas y diferenciadas para hacer frente a las necesidades particulares de las mujeres en el campo y lograr la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres. (24) |
| 3 | La aplicación de soluciones de vivienda adecuadas, de acuerdo con las particularidades del medio rural y de las comunidades, con enfoque diferencial y de género. (23) | La aplicación de soluciones de vivienda adecuadas, de acuerdo con las particularidades del medio rural y de las comunidades, con enfoque diferencial. El acceso a estas soluciones será equitativo para hombres y mujeres. (27) |
| 4 | Formalización laboral rural y protección social: el Gobierno Nacional fortalecerá al máximo el sistema de protección y seguridad social de la población rural, con un enfoque diferencial y de género. (27) | Formalización laboral rural y protección social: el Gobierno Nacional fortalecerá al máximo el sistema de protección y seguridad social de la población rural, con un enfoque diferencial y teniendo en cuenta la situación particular de las mujeres. (31) |
En los cuatro fragmentos anteriores se encuentra una estrategia de reformulación que consiste en modificar el tema del género y particularizarlo a hombres y mujeres. Así, en los fragmentos 1, 2 y 3, encontramos una modificación de los sintagmas «equidad de género» y «enfoque de género». El primero es remplazado por «igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres» y, en el segundo enunciado, también se introduce este cambio para incluir «hombres y mujeres». En el fragmento 4, se encuentra que para eludir el enfoque de género se habla de la «situación particular de las mujeres». Todas estas modificaciones limitan la visión de género a una estructura binaria y evaden la posibilidad de ampliar esta concepción.
Asimismo, en el fragmento 1, se realiza un cambio entre el concepto de equidad y el de igualdad. Si se siguen los planteamientos realizados por Villegas y Toro (2010), se encuentra una diferencia fundamental entre estos dos elementos y es el carácter político de la equidad. Según estos autores, la equidad corresponde a «la decisión de hacerle frente a la injusticia mediante acciones de redistribución –para injusticias derivadas del reparto de los recursos– y reconocimiento –para injusticias socioculturales–» (109). En ese mismo sentido, afirman que
La equidad no es esencial a la vida en común; se requiere voluntad política para hacerla esencial; en tal sentido, la equidad es aditamento que se acoge como elemento desde donde dimana la acción, tras considerar alterables y, en lo ideal, superables ciertas condiciones de injusticia. (109)
Por lo tanto, este cambio que parecería obedecer a una relación de sinonimia, en realidad, visto en su conjunto, posiciona una postura heteronormada y carente de voluntad política de transformación de unas condiciones de injustica en torno a las relaciones entre géneros.
2. Invisibilización de las otras, los otros y les otres
| Acuerdo agosto de 2016 | Acuerdo noviembre de 2016 | |
| 5 | Que los planes y programas acordados como parte de la RRI deben tener un enfoque territorial, diferencial y de género que implica reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales —niñas, niños, mujeres y hombres, incluyendo personas con orientación sexual e identidad de género diversa— y garantizar la sostenibilidad socio-ambiental. (9) | Que los planes y programas acordados como parte de la RRI deben tener un enfoque territorial, diferencial y de género que implica reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios, de las mujeres en todo su ciclo vital, de las comunidades rurales y de grupos en condiciones de vulnerabilidad, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental. (11) |
| 6 | Salud: con el propósito de acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades —niños, niñas, mujeres, hombres, personas con pertenencia étnica, personas con orientación sexual e identidad de género diversa y en condición de discapacidad—, fortalecer la infraestructura y la calidad de la red pública en las zonas rurales y mejorar la oportunidad y la pertinencia de la prestación del servicio, se creará e implementará el Plan Nacional de Salud Rural. (21) | Salud: con el propósito de acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades, en especial los grupos y personas en condiciones de vulnerabilidad, fortalecer la infraestructura y la calidad de la red pública en las zonas rurales y mejorar la oportunidad y la pertinencia de la prestación del servicio, se creará e implementará el Plan Nacional de Salud Rural. (25) |
Los enunciados 5 constituyen un caso interesante, dado que, en la primera parte, se conserva la expresión del enfoque territorial, diferencial y de género. Sin embargo, aquí opera la resignificación del concepto, ya que, en el texto de agosto, al mencionar la composición de las comunidades rurales se dice: «niñas, niños, mujeres y hombres, incluyendo personas con orientación sexual e identidad de género diversa», lo cual es remplazado por la expresión «grupos en condiciones de vulnerabilidad». Esta misma modificación se realiza en los enunciados 6 donde también se reúne la diversidad de personas y comunidades en «grupos y personas en condiciones de vulnerabilidad». De esta manera, se logra una reformulación en la que se invisibiliza no solo la existencia de personas con orientaciones e identidades de género diversas (González y Delgado, 2016), sino la de quienes tienen pertenencia étnica o condiciones de discapacidad.
En estos fragmentos, se puede evidenciar cómo la reformulación rompe un postulado a favor de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, quienes vuelven a ser marginadas al negar su existencia y agruparlos en un concepto semánticamente opaco, como es el de la vulnerabilidad, dado que no existen unos criterios estandarizados que permitan identificar quién es vulnerable y quién no, por lo que es posible que esta comunidad vuelva a ser excluida del espacio de lo público y de las construcciones sociales, culturales y económicas que se plantean. Asimismo, estos cambios reflejan un desplazamiento de responsabilidades en torno a la vulnerabilidad, la cual se presenta como una condición inherente a ciertos grupos en lugar de como el resultado de políticas, agentes y discursos que han marginado y vulnerabilizado a estas comunidades.
En este punto, es fundamental tener claro que la reformulación que se hace para «purgar» la «ideología de género» también afecta, en este caso, a otras comunidades. Por lo tanto, se puede evidenciar una intención política de homogenizar las vulnerabilidades en su solo grupo, desconociendo características históricas, territoriales, sociales y culturales de cada una de estas poblaciones. Ante esta situación, se encuentra que lo que pareciera ser una agrupación meramente discursiva repercute en un cierre de la concepción de mundo y, por ende, en la imposibilidad de la promulgación de políticas públicas diferenciadas para la atención adecuada de las comunidades. De esta manera, un Acuerdo de Paz que, en su inicio, buscaba ser incluyente y diverso termina homogenizando a las poblaciones.
3. Eliminación
| Acuerdo agosto de 2016 | Acuerdo noviembre de 2016 | |
| 7 | Este sistema tendrá información desagregada por sexo/género y etnia, que permita, entre otros, contar con información sobre el tamaño y las características de los predios en manos de mujeres, su relación con la tierra y las formas de titulación. (15) | Este sistema tendrá información desagregada por sexo y etnia, que permita, entre otros, contar con información sobre el tamaño y las características de los predios y las formas de titulación. (19) |
Finalmente, como ya se había dicho en el apartado referente al conteo comparativo, la eliminación es una de las estrategias discursivas que se priorizaron al momento de realizar las modificaciones al texto del Acuerdo. Como lo muestran los enunciados 7, se suprimieron palabras y sintagmas completos: «género» y «en manos de mujeres, su relación con la tierra». Mediante esta eliminación, se deja de lado la discusión sexo-género, priorizando la visión de la caracterización biologicista del sexo y, al mismo tiempo, se elude la discusión en torno a la tenencia de la tierra por parte las mujeres.
En ese sentido, en Colombia, la problemática sobre la repartición de la tierra es histórica y se agrava aún más cuando se habla de la posibilidad del acceso de ciertas comunidades a este derecho. De esta manera, cuando el Acuerdo de Paz abordaba la discusión sobre las características de la tierra poseída por las mujeres buscaba, al mismo tiempo, mostrar detalladamente esta problemática, dado que se focaliza este factor para poder resaltarlo al momento de la realización de la investigación y de la presentación de los resultados. De esta forma, la elisión resulta una estrategia efectiva para evadir los debates y generar una propuesta carente de profundidad política, más cercana a un texto instructivo de carácter técnico.
Conclusiones
El Acuerdo de Paz colombiano constituye un hito en la historia nacional. Sin embargo, más allá de lo que se ha mostrado internacionalmente, el texto fue resultado de pugnas internas entre múltiples grupos que, al comprender la magnitud del hecho, buscaron evitar la modificación de elementos estructurales que han perpetuado la desigualdad y, por lo tanto, las comodidades de unos pocos en el país.
Luego del triunfo del «No» en el Plebiscito por la Paz realizado en octubre de 2016, los promotores del Acuerdo tuvieron que pactar múltiples modificaciones con los vencedores de la elección (llamados «voceros del No»), quienes hicieron una fuerte campaña de estigmatización en contra del Proceso de Paz y, específicamente, del texto del Acuerdo. Cabe resaltar que dicha campaña incluyó elementos falsos que buscaban atemorizar y confundir a los ciudadanos con el fin de orientarlos a votar en contra del Acuerdo de Paz en las elecciones. Uno de los principales caballos de batalla de la campaña por el «No» fue, de hecho, el ataque al «enfoque de género».
Ante el avance global y, especialmente, latinoamericano del movimiento feminista, los grupos conservadores y religiosos –conformados por partidos políticos de derecha y ultraderecha, algunas iglesias evangélicas y cristianas, algunos representantes ortodoxos del catolicismo, miembros de las fuerzas militares, entre otros–, han venido utilizando el concepto de «ideología de género» para oponerse a las reivindicaciones de las mujeres y las disidencias sexuales. En otros países de América Latina, como México y Perú, con la misma campaña que rechaza la «ideología de género», se han realizado acciones en contravía de la ampliación y el reconocimiento de los derechos de las mujeres y disidencias sexuales (Fowks, 2017; Nájar, 2016). Asimismo, en Colombia esos grupos conservadores consiguieron difundir el miedo ante la «ideología de género» y lograron incidir en la reformulación del Acuerdo de Paz, purgando el «enfoque de género», uno de sus principios transversales del texto.
Los voceros del «No» fueron los protagonistas de la mayor parte de las 500 propuestas de enmienda del texto del Acuerdo presentadas ante la Mesa de Negociación. Con sus modificaciones se fortaleció la idea de la propiedad privada como derecho irrefutable, se redujeron subsidios económicos establecidos para garantizar el retorno a la legalidad, se limitaron las posibilidades de participación política, se restringieron las competencias de la JEP, entre otros elementos que reflejan que existe una disputa por el discurso hegemónico que liga ciertas prácticas económicas de acumulación de riqueza, con prácticas políticas como la exclusión de ciertas comunidades y la restricción de los derechos.
Por lo que respecta al «enfoque de género», se recurrió, en primer lugar, a la eliminación de términos y sintagmas correspondientes a visiones no heteronormativas sobre el género. Adicionalmente, se utilizaron tres estrategias discursivas más para vaciar de contenido y despolitizar las categorías críticas de género: 1) realizar modificaciones terminológicas para fortalecer una concepción binaria y biologicista del género y para eliminar las intenciones políticas de transformar unas desigualdades estructurales; 2) invisibilizar a las otras, los otros y les otres a través de evitar nombrar a las comunidades, agrupándolas en conceptos opacos y naturalizantes como la vulnerabilidad; y 3) eliminar elementos alusivos al género con el objetivo de evadir los debates que se presentan sobre los conceptos y las brechas históricas que han sido marcadas por el género.
Las reformulaciones discursivas realizadas en el texto del Acuerdo de Paz causaron que este texto fuera vaciado de intenciones políticas en torno al género y que, por el contrario, se fortalecieran visiones tradicionales sobre esta temática. Con base en lo presentado anteriormente, se puede afirmar que, si bien el Acuerdo menciona el enfoque de género, este responde a una visión patriarcal y heteronormativa del género, en el cual no hay cabida para las disidencias sexuales y, además, se desconocen los procesos históricos que han generado sujetos feminizados y excluidos en la sociedad colombiana. Por lo tanto, el texto del Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016, es solo una repetición más de la visión tradicional y conservadora en torno al género, la cual se impuso a través de la eliminación y de la transformación del discurso para imponer y perpetuar su visión del mundo. No obstante, cabe resaltar la labor que han realizado las organizaciones feministas, los colectivos LGBTIQ+ y algunos sectores del movimiento social en torno a la reclamación al Estado para la implementación efectiva del enfoque de género y para el avance en los derechos de estos grupos minorizados.
Ante la limitación de este estudio, se plantea la posibilidad de continuar indagando en las estrategias de reformulación discursiva implementadas en el Acuerdo de Paz colombiano, con el fin de relacionar estas transformaciones con planteamientos ideológicos que imperan en la sociedad y que se reproducen a través de discursos hegemónicos. Finalmente, un abordaje de estos resultados en contraste con los documentos y debates que se plantearon en la Subcomisión de Género de la Mesa de Negociaciones, instalada el 7 de septiembre de 2014, posibilitaría ampliar la comprensión sobre el manejo de esta temática durante el Proceso de Paz, su materialización en el texto del Acuerdo y en su implementación.
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