¿Para qué hablar español? Desafíos lingüísticos de la comunidad senegalesa en la Argentina

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Nélida Murguía

porque hablo español y los chicos me escuchan, porque tengo mucha experiencia […]
uso esto para luchar, para el bien de nosotros.
Alba Diallo †, 2022

«El lenguaje como un espacio de lucha», «la lengua como herramienta de defensa», «la formación como campo de batalla» son expresiones que nos recuerdan el papel del lenguaje y la educación en los procesos de dominación y emancipación, y nos remiten a la relación inescindible entre el poder y el lenguaje. Incluso el sintagma de desafíos lingüísticos puede aludir a ello. Desafiar, retar a un combate, enfrentar con decisión. ¿Quién reta a quién en este combate que se produce entre un conjunto de migrantes que arriban a un país con el cual apenas tienen vínculos históricos?

Las indagaciones que realizamos desde la glotopolítica nos permiten seguir por este camino reflexivo. Investigadoras del área definen la lengua y el lenguaje echando mano de la tópica del combate y desde una postura crítica. Nos recuerda Lauria (2019: 210): «el lenguaje es considerado menos como una entidad fija que como un espacio de lucha donde se exhiben roces y tensiones, se gestionan hegemonías y se plantean disensos, y se dirimen posiciones políticas en un momento dado siempre sometido a un juego de fuerzas contrapuestas». Golluscio (2020: 181) habla también de «La lengua como arena de luchas y resistencias». Además de un lugar de lucha, el lenguaje y la lengua pueden ser pensados como un objeto para ser usado en esa arena: «una herramienta poderosa en tanto que capital simbólico» (Bürki, 2020: 154) o un recurso que crea y legitima la desigualdad (Heller y McElhinny, 2017).

Es así que reflexionar desde la glotopolítica sobre los desafíos lingüísticos de este grupo migratorio implica pensar que el enfrentamiento producido se encuentra imbricado en relaciones de poder de carácter socioeconómico, histórico y político. Esto sin dejar de considerar la capacidad de agencia y el capital simbólico desarrollado por la comunidad senegalesa para hacer frente a dicha desigualdad.

En las páginas que siguen hago un recuento resumido de las características sociolingüísticas de la comunidad senegalesa y describo algunos de los que considero son los principales retos que enfrenta en términos glotopolíticos. A continuación analizo brevemente cómo la sociedad de acogida actúa frente a estos desafíos, a través de cursos de español. Mis reflexiones se enmarcan en la investigación que estoy realizando acerca de intervenciones glotopolíticas sobre la comunidad senegalesa y están determinadas por mi condición de migrante, estudiante de posgrado, y mi relación con integrantes de la comunidad como profesora de español y militante en organizaciones sociales.

Senegaleses: una comunidad transnacional plurilingüe

La migración senegalesa en Argentina data de los años 90. La elección de este espacio geográfico, que puede resultar una incógnita, se debe, entre otras razones, al incremento en los controles fronterizos de la región europea. También influyó el período de equivalencia entre el peso argentino y el dólar (de 1991 a 2001), que hacía muy rentable el envío de remesas, así como el impulso en la región de políticas migratorias orientadas por la defensa de los derechos humanos. Pese a los cambios y complicaciones posteriores, el fortalecimiento de las redes y cadenas migratorias permitió el arribo de más migrantes hasta los cerca de 5000 que se calculaba que habitaban en el país en 2020. Hoy ese número ha disminuido, sin tener cifras claras, por la crisis postpademia y la depreciación del peso argentino, lo que ha provocado la emigración hacia otros destinos, como Estados Unidos.

Es una población heterogénea que a menudo se renueva; quienes llegaron hace años puede que no se encuentren hoy en Argentina y algunos de quienes están ahora tienen menor tiempo de haber llegado. Se trata de una migración transnacional, como la han caracterizado las principales investigadoras de este grupo en el país (Kleidermacher, 2016; Zubrzycki, 2018; Espiro, 2020). Son transmigrantes que mantienen prácticas sociales y comunicativas recurrentes con el origen, y pueden o no retornar con regularidad o definitivamente a Senegal.

Pensarla como comunidad transnacional flexibiliza el anclaje territorial que acompaña al concepto tradicional de comunidad (Canales y Zlolniski, 2000). Desde el punto de vista lingüístico, pese a la diversidad en los acervos y al dinamismo territorial, podemos seguir pensándola en términos de unidad. Quisiera recuperar algunos puntos de la revisión que hace Duranti (2000) de comunidad lingüística para proponer una caracterización de comunidad lingüística transnacional: sería aquella cuyos miembros se autoidentifican como parte del grupo, mantienen interacciones constantes y participan de prácticas comunicativas y discursivas recurrentes. Los miembros que reúne pueden ser multilingües o no y tener interacciones cara a cara, pero también abarca a quienes se comunican más allá de los límites territoriales desde lugares de residencia distintos.

Me parece importante reconocer los rasgos sociolingüísticos de esta comunidad transnacional en términos de capital simbólico (Bourdieu, 1997) (mas no como un recurso en clave neoliberal). En este «combate», el acervo lingüístico y semiótico se presenta como una herramienta con el potencial de influir en las relaciones de poder y el acceso a diversos recursos. Lo que determina a esta comunidad es un plurilingüismo dinámico, en gran parte por su carácter transnacional y la participación de sus miembros en espacios de comunicación diversos. Tanto los orígenes y relaciones étnicas, como los recorridos educativos, culturales, religiosos y migratorios, condicionan los rasgos de este grupo heterogéneo que abreva de distintas culturas, principalmente la negro-africana, la árabe-musulmana y la occidental (Cisse, 2005). Las lenguas anteriores a la colonización, tradicionalmente ágrafas, son las que cuentan con mayor presencia: wolof —la lengua dominante y vehicular—, diola, serere, touculor y mandinga son algunas de las principales y suelen corresponderse con la etnia. En Argentina, el wolof es también la lengua más hablada y la vehicular, pero he conocido hablantes de otros grupos etnolingüísticos, si bien la mayoría son wolof. Están particularmente diferenciados de la etnia diola, de Casamance, una región del sur que quiso independizarse de Senegal. Además no suelen insertarse en la venta ambulante, sino en trabajos con mayor grado de formalidad, como guardias de seguridad o trabajadores en diversos negocios, por lo que la interacción cotidiana con estos miembros es menos frecuente que con el resto.

La sociedad senegalesa es predominantemente afromusulmana. Practica el islam incorporando costumbres propias de la región: tiene un sistema de organización cofrádico sufí, encabezado por líderes históricos. Estas cofradías otorgan gran cohesión a los grupos y una instancia de participación transnacional y local, que implica una organización no sólo religiosa sino también política (De Diego González, 2019). Allí la lengua privilegiada es el árabe para el estudio del Corán y otros textos, por lo que muchos varones están alfabetizados en ella, si bien su uso suele restringirse a lo religioso. La cofradía con más presencia en Argentina es la mouride, a la que suelen pertenecer los wolof y otras etnias, pero también está la tidjane, cuyos miembros son diola. Dentro de los relatos fundacionales del mouridismo, resalta el valor que se otorga a la escritura como un arma contra la opresión. Se dice que Cheikh Amadou Bamba, su fundador y quien fue exiliado durante la colonización a principios del siglo XX, luchó contra los colonizadores pacíficamente y mediante el rezo y la escritura. Muchos migrantes senegaleses aseguran que escribió cerca de 7 toneladas de textos, entre ellos las khassidas o poemas que son recitados en reuniones religiosas. En su exilio, Amadou Bamba fue encerrado junto con leones hambrientos y también metido en un horno; mientras tanto él escribía y rezaba, manteniéndose a salvo.

Aunque cada vez es un campo más disputado, la lengua oficial de Senegal es el francés; mientras que el wolof se expande cada día más y hay un activismo por la ampliación del estatus de las lenguas nacionales (Sene Thiandoum, 2018). La realidad es que no toda la población domina el francés, salvo quienes tuvieron la oportunidad de cursar la escolarización oficial. Esto determina, además, el grado de alfabetización, que según las estadísticas es de 52 % (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, 2016). En la Argentina, saber francés puede representar una ventaja no por la lengua en sí misma, que goza de cierto prestigio, sino porque suele implicar una alfabetización en abecedario latino y refleja, sobre todo, el hecho de haber pasado por la educación oficial. Sin embargo, la mayoría de quienes se encuentran acá no tuvo ese recorrido y enfrentan un desafío en ese sentido.

Finalmente, la circulación transnacional a menudo suma conocimientos sobre otras lenguas a este capital simbólico. Existe un importante vínculo con Brasil, donde también reside un gran número de senegaleses y se encuentra la única embajada en América Latina. La mayoría pasó por ahí para ingresar en Argentina y algunos van regularmente a adquirir mercadería para la venta o para emplearse en trabajos temporales. Hay un circuito de circulación entre ambos países (Espiro, 2020), donde el conocimiento del portugués y del español puede convertirse en otra de las herramientas para generar estrategias y disputar recursos en el sur de América Latina.

Esta revisión breve del acervo lingüístico de la comunidad presente en Argentina me permite realizar dos comentarios: por una parte, resaltar que es un acervo complejo, en transformación contante, caracterizado por la hibridación y con diferentes grados de dominio en cada lengua; como señala Gugenberger (2020), en este contexto han quedado rebasadas las concepciones tradicionales de competencia lingüística y, desde una postura translingüe, no se evaluaría como un déficit la heterogeneidad, complementariedad e hibridez en el uso de las lenguas que lo conforman. Por otro lado, vale reconocer que este acervo constituye un recurso importante: me he encontrado con senegaleses que manejan hasta 7 lenguas; aunque con ello no pretendo desviar la atención de otras desigualdades, como diría Duchêne (véase su ensayo en este mismo número de AGlo). Este repertorio impacta en relaciones transnacionales con otros territorios, se entrelaza con el respaldo de un grupo como las cofradías, que acogen y vinculan a sus miembros a lo ancho de toda Argentina y genera cierta confianza y flexibilidad para movilizarse entre países sin que sea un impedimento el no dominar la lengua del lugar.

Pero nos encontramos en una realidad que exige y requiere del dominio estándar de la lengua considerada legítima (Bourdieu, 2001) y que se erige como la herramienta para poder acceder a otros recursos materiales y simbólicos. Pese a los aplausos y alabanzas a la diversidad lingüística y al avance en los derechos lingüísticos, en términos prácticos sigue operando una ideología monoglósica y monolingüe. Es así que el desafío más importante en esta arena es el aprendizaje de un español estándar, no solo en la oralidad, sino también en la escritura, pues Argentina es un país con una población muy alfabetizada y atravesado por numerosas prácticas de lectoescritura.

Los representantes de la comunidad senegalesa en Buenos Aires aluden a su manejo del español, en articulación con la experiencia migratoria y la disposición para hablar con todo mundo, como lo que los ha puesto en una posición de referencia: «Y nada, como soy uno de los que mejor habla el castellano y tengo la experiencia también de migrar, nada, siempre estoy abierto a hablar con gente también, y nada, por eso nada más.» (Cheikh Gueye, entrevista realizada en 2020). Este capital los convierte en voceros e intermediarios entre la comunidad y la sociedad argentina: «sí, porque hablo español y los chicos me escuchan, porque tengo mucha experiencia […]. Cuando hablo me hacen caso, gracias a Dios. Uso esto para luchar, para el bien de nosotros.» (Alba Diallo, entrevista realizada en 2020).

En general, el derecho a la palabra no está garantizado en los sectores que tradicionalmente han sido vulnerados, como las clases populares. Sus desiguales accesos a la norma estándar son generadores de otras desigualdades y viceversa. Aunque probablemente en Senegal los migrantes que se encuentran en Argentina no serían de la clase más desfavorecida, acá forman parte de los sectores populares con mayor vulneración; una vulneración interseccional en la que se imbrican la discriminación étnico-racial, social y económica. Se ubican en la economía popular, en trabajos informales y de gran exigencia, como la venta ambulante, en la que se enfrentan al constante acoso policial y a la violencia institucional. Pero no caigamos tampoco en pensar la venta ambulante como una actividad de la que todos desean escapar; pese a los peligros, el trabajo comercial en esta comunidad, sobre todo en los wolof, es central, lo manejan con destreza y obtienen dinero diariamente para poder enviarlo en remesas. En términos prácticos, se requiere de «un set» de frases y vocabulario en español que suele ser compartido al recién llegado por otros miembros y, además, no exige una situación migratoria regular para realizarse, algo muy difícil de obtener para las migraciones extra Mercosur1.

En este círculo de irregularidad migratoria, informalidad laboral y las políticas de blanqueamiento de la Ciudad de Buenos Aires, el dominio del español y de la escritura podría ser una herramienta para defenderse o al menos para no quedar totalmente desarmados, aunque a ello haya que sumar la necesidad de conocimientos jurídicos locales. Ocurren diversas prácticas discursivas desiguales en la interacción con los agentes policiales y con la institución en general (eso sin mencionar la violencia física que en ocasiones se hace presente); cuando son detenidos y llevados a la comisaría, a menudo les hacen firmar documentos que no comprenden o no pueden leer. En ellos, los agentes suelen indicar por defecto que «saben el español». A partir de ahí se les inicia una causa que pasa por múltiples instancias burocráticas donde la comprensión del lenguaje jurídico y escrito es fundamental. Si bien después de mucho tiempo la causa suele ser desestimada, este proceso se ha convertido en uno de los medios habituales para ejercer violencia sobre este grupo.

La comunidad senegalesa ha desarrollado una serie de estrategias para poder sortear estas desigualdades, basadas sobre todo en la compleja organización comunitaria, la comunicación constante entre sus miembros, la solidaridad intergrupal, la creación de vínculos con hispanohablantes y de redes con organizaciones locales, hasta la generación de estrategias glotopolíticas para la enseñanza del español y el acompañamiento a miembros que no lo manejen, como revisamos en Kleidermacher y Murguía (2021). A continuación, quiero detenerme en cómo actúa la sociedad receptora en la gestión de esta desigualdad, a través de dos casos: los cursos de español generados desde el Estado y los cursos impartidos desde organizaciones sociales, entre 2018 y 2019.

Cursos de español como intervenciones glotopolíticas

Las intervenciones sobre el lenguaje en contextos migratorios, si bien son insuficientes para atender la desigual distribución de poder en los migrantes, son absolutamente imprescindibles, sobre todo cuando el derecho a la palabra de estas poblaciones apenas ha sido respaldado por políticas de Estado. En esta lógica, conocer y manejar la lengua del país de acogida es un derecho, pero no debe ser una condición obligatoria para poder ser sujeto/a de derechos.

En particular, me interesan los cursos de español para la comunidad senegalesa, que propongo pensar como intervenciones glotopolíticas (Arnoux, 2000; Guespin y Marcellesi, 2019), dado que son gestiones o acciones explícitas sobre el lenguaje que pretenden incidir en las relaciones de poder entre los migrantes y la sociedad de acogida partiendo de un abordaje lingüístico y social. Frente a los desafíos mencionados antes, diferentes actores ofrecen alternativas basadas en concepciones sobre cómo se debe gestionar la desigualdad y para qué. Dependiendo de sus posicionamientos ideológicos, algunos ofrecen la lengua como una llave que abre las puertas de la sociedad argentina al migrante senegalés y tienden puentes para transitar con mayor libertad las diferencias, a la vez que se contribuye al enriquecimiento de la misma sociedad. Otros actores, en cambio, buscan compartir la lengua como herramienta de lucha por los derechos, a la vez que la piensan como un espacio de encuentro y organización entre migrantes y sectores populares.

Parte de los desafíos a los que se enfrenta la comunidad senegalesa derivan justamente de la manera en que la sociedad, específicamente el Estado, ha gestionado la migración y el aspecto lingüístico. Si bien es de reconocer que Argentina posee una de las mejores legislaciones migratorias en cuanto a su perspectiva de derechos, en la práctica es difícil que se cumplan todos sus artículos, especialmente con comunidades que no se corresponden con los migrantes deseados y para quienes no existen categorías de regularización. El artículo 14 es el que alude a cuestiones lingüísticas y lo hace desde una perspectiva de integración cultural, acorde con la ideología del multiculturalismo:

El Estado en todas sus jurisdicciones, ya sea nacional, provincial o municipal, favorecerá las iniciativas tendientes a la integración de los extranjeros en su comunidad de residencia, especialmente las tendientes a:
a) La realización de cursos de idioma castellano en las escuelas e instituciones culturales extranjeras legalmente reconocidas. (Artículo 14, Ley 25.871)

Junto a este inciso, el resto de los puntos trata sobre la difusión de información, la valoración de las expresiones de los migrantes y la creación de cursos con criterios multiculturales para funcionarios y empleados públicos, cuyo fin implícito es trabajar sobre el reconocimiento de las diferencias o disminuir las actitudes discriminatorias hacia los extranjeros. Dado que en la ley la cuestión de la integración lingüística en realidad no está planteada como una obligación del Estado, sino como iniciativas que favorecerá, no es sino hasta 2018 que encontramos los dos primeros cursos institucionales de español para migrantes económicos, específicamente senegaleses, africanos o afrodescendientes. Uno desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en conjunto con ACNUR y el British Council, y el otro desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires a través del Centro Universitario de Idiomas (CUI).

Paradójicamente2 (quizá no), es durante el macrismo que se comienza a poner atención a la enseñanza de la lengua para los migrantes económicos, aunque enmarcada en una perspectiva de multiculturalismo neoliberal. Durante este período incluso cambia el nombre de la Secretaría de Derechos Humanos incorporando el sintagma de «Pluralismo Cultural» a su título. Es así que, siguiendo las tendencias globales del respeto a la diversidad, se generan acciones-parche para reconocer y gestionar las diferencias, mientras que no se transforman sustancialmente las condiciones de desigualdad de, en este caso, la comunidad senegalesa. A la vez que las instituciones estatales reprimen en la vía pública y se perpetúa la irregularidad migratoria, otras instituciones ofrecen cursos de español para que los senegaleses se capaciten, alcancen una integración armónica con la sociedad y la enriquezcan culturalmente.

El curso en la Ciudad de Buenos Aires surge como una intervención al «conflicto que había tenido con la gente de espacio público, con todo lo que implica el orden del espacio público, que los chicos de Senegal que venían con sus mantas3; para darle herramientas de trabajo a la gente y pedirle que no esté más en la vía pública» (Jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, entrevista realizada en 2019). La violencia institucional de parte de la policía queda invisibilizada bajo palabras más suaves: conflicto entre dos partes, prácticamente iguales, pero que por una cuestión de la lengua, quizá no se estén entendiendo. Y más adelante, continúa:

[Aprender español] les abre un poco el abanico de posibilidades, porque si no la persona se piensa sin derechos: la persona piensa que solo puede trabajar vendiendo cosas en la calle, que no pueden estudiar, que no pueden acceder a trabajos mejor, y la verdad que no. Cuando empiezan a empoderarse, a tener otras herramientas van descubriendo que hay un mundo también abierto de posibilidades. (Jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, entrevista realizada en 2019).

La lengua como política de inclusión desde una perspectiva neoliberal: una llave que abre un mundo lleno de oportunidades, donde el empoderamiento y las herramientas se dirigen a la posibilidad de alcanzar el éxito mediante el esfuerzo y la superación personal. Los derechos son, básicamente, a poder estudiar, a tener un mejor trabajo, a no vender en la calle, pero no se menciona nada sobre el derecho a la organización, a dignificar el trabajo ambulante o a no sufrir tratos crueles e inhumanos de parte de la policía. Como reflexiona Golluscio (2020), hay una contradicción en el término de inclusión, junto a sus aspectos positivos, se invisibiliza el conflicto (en este caso se minimiza), e implica reificar al sujeto para incorporarse a una realidad dada y aceptable. Además, en realidad no se atienden los obstáculos estructurales que impiden a los cuerpos racializados formar parte de esa realidad aceptable, los cuales no pueden ser superados únicamente con aprender una lengua.

Si bien esta crítica es legítima, también es cierto que son los primeros acercamientos gubernamentales para atender lingüísticamente a esta migración que se encuentra en el país desde los 90, y que, como tal, han sentado un precedente. Además, muchas de las personas de carne y hueso que participan lo hacen con la firme convicción de ampliar los derechos de la comunidad migrante, más allá de las posturas del gobierno bajo el que trabajan.

Contrastando con la perspectiva del pluralismo cultural (asumiendo que es posible desmarcarse de ella), las organizaciones de trabajadores y migrantes construyen de manera distinta esta idea del empoderamiento a través de la lengua. Lo primero que hay que poner en discusión es el concepto de sociedad receptora como la que gestiona o recibe a los migrantes senegaleses. Cuando hablo de sociedad de acogida, no me refiero a una sociedad monolítica y asentada, compuesta solo por gente nacida en Argentina, sino en continua transformación y que contiene a migrantes de diversas regiones, que reciben y a la vez son recibidos, y que pueden ser también transnacionales.

En este contexto, podemos hablar no tanto de inclusión, sino de participación. Babacar Traoré (2007), intelectual senegalés radicado en Argentina, lo propone así: en vez de hablar de integración o supervivencia, el término de participación permite redimensionar los aspectos positivos del fenómeno, considerando que los migrantes participan de hecho en un proyectivo colectivo que es la reconfiguración constante de la sociedad argentina. Es esta sociedad de acogida la que también se hace cargo de gestionar acciones glotopolíticas en función de sus intereses y de lo que consideran legítimo y necesario.

Fue de hecho fuera de las instituciones estatales, y ante la carencia de acciones del Estado, que surgieron los primeros cursos a migrantes senegaleses, con anterioridad a los proyectos estatales mencionados antes; en 2012 en La Plata, un grupo de estudiantes, que a su vez fueron migrantes en otros países, impulsó un taller de español que persiste hasta ahora y que ha sido referencia para los demás. También en 2018, antes de los cursos de las Secretarías, empezó el curso de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y poco después, iniciamos los del Bloque de Trabajadorxs Migrantes, ambos en Capital Federal. El reclamo en estos casos es distinto; también es recurrente la idea de empoderamiento, pero construida desde una postura crítica que busca erigir a los migrantes como sujetos políticos con agencia; además, la noción de conflicto y combate es constitutiva, y la lengua como herramienta es fundamentalmente de defensa y de organización colectiva. El disparador fue la violencia policial, pero la enseñanza de la lengua se pensó como punto de partida para luchar colectivamente por los derechos, porque ¿qué derecho se ha conseguido sin combatir y mediante el esfuerzo personal?

Parece concordar en la práctica con lo que Golluscio indica: «Ante esa toma de conciencia sobre el límite del concepto [de inclusión], algunos autores contraponen el concepto de “derecho”, universal con respecto a cuyo ejercicio el sujeto es agente» (2020: 179). Mariana, una de las coordinadoras del proyecto, dice en ese sentido: «las y los migrantes nos hacemos cargo de nuestra propia comunidad […] me parece que era empoderarnos y hacernos partícipes en nuestra propia historia y lucha de los derechos de las y los migrantes en Argentina. Empoderarnos y ser los sujetos activos de nuestros procesos.» (Mariana, BTM, entrevista realizada en 2020). En vez de inclusión o integración, palabras ausentes en las entrevistas realizadas a militantes de este grupo, encontramos conceptos como organización y participación, los cuales implican no la incorporación a algo ya construido y de manera más o menos pasiva, sino una construcción donde prima la acción conjunta de distintos actores con diferentes historias, deseos e intereses:

La comisión de español tiene como objetivo que los compas puedan acceder a la herramienta de la lengua, poder comunicarse y que eso no sea una barrera también, más de las que ya tienen, y a la vez poder pensar esa adquisición de la herramienta desde una perspectiva política para la organización. […] Empoderarse políticamente implica, además de comunicarse, comunicarse para poder exigir lo que a uno le corresponde, defenderse ante la avanzada de la violencia institucional, defenderse ante el racismo, defenderse ante tantas cosas, y significa participar políticamente en la vida política del lugar donde vivo. (Thomas, BTM, entrevista realizada en 2019)

Organizaciones como esta buscan construir un lugar de encuentro con otros migrantes o trabajadores precarizados comenzando por compartir la lengua. Tienen la expectativa de que ello conduzca a que la comunidad senegalesa pueda luchar con mayores recursos y bases por sus derechos en el país, que tiene sus propias formas y hábitos de lucha. En última instancia, se espera que se genere un espacio de organización y que no sea un combate aislado, sino que se construya colectivamente en relación con la historia de lucha por los derechos de la sociedad de acogida. Y efectivamente, como mencionaba antes, los senegaleses que son referentes de su comunidad participan políticamente en gran parte porque pueden ejercer la palabra en acciones como marchas, vinculándose con instituciones estatales, con universidades, con organizaciones sociales y con quienes haga falta para mejorar las condiciones de su comunidad.

¿Para qué aprender español?

Generalizando, desde la sociedad de acogida unos esperan que la lengua empodere individualmente a cada migrante y lo lleve a una inclusión ordenada; otros que el empoderamiento asiente las condiciones para la organización político social conjunta con el fin de conquistar más derechos. En pocas palabras, consolidar o modificar las relaciones de poder.

Ante esto, el desafío final de los migrantes senegaleses es responder a las expectativas y exigencias, implícitas o explícitas, acerca de cómo debe ser usada esa herramienta una vez adquirida. Ejercer el derecho a la palabra quizá facilite que la comunidad senegalesa enseñe a esta sociedad (de la que ya forma parte) cuáles son sus propios intereses, necesidades y formas de organización, tanto como grupo de migrantes, como senegaleses, como africanos, como trabajadores. Aunque creo firmemente que no me corresponde decir cuáles son, puedo citar lo que algunos me han manifestado en entrevistas y conversaciones informales, lo que apenas es un arañazo a la superficie. Dicen querer aprender español por razones muy amplias y dispares, y no puede ser de otra manera, pues cómo responderíamos a ¿para qué nos queremos comunicar? Aparece siempre la idea de poder hacer trámites sin ayuda, poder convivir con la gente y hablar de más cosas, que la interacción en la compraventa sea más fácil, conseguir un mejor trabajo, integrarse a la cultura del país, conocer los derechos y difundir la palabra de Cheikh Amadou Bamba. «Nosotros no estamos acá para vender, no; estamos acá para acercar a todos a Bamba, para acercar a Argentina, América Latina, a todo el mundo […] Capaz él me trajo acá», dice Idrissa Diop (entrevista realizada en 2021). Es decir, las motivaciones para emplear la lengua nacional no tienen que ver necesariamente con organizarse junto a otros migrantes ni con integrarse en la sociedad argentina encajando en las expectativas de éxito personal impuestas, sino con participar en ella y difundir sus propios valores más allá de la comunidad.

Y si bien muchos senegaleses manifiestan que «de siempre se aprende más en la calle que en la escuela», la lengua es un derecho y debe haber políticas estatales que garanticen y no solo favorezcan su enseñanza. En ese sentido, decía antes, la existencia de estos cursos es un avance importante y debe ser acompañada de acciones como la regularización migratoria y el cese a la violencia policial, así como de otras políticas de redistribución socioeconómica, que realmente permitan ejercer la palabra.

Fuentes citadas

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1 Si bien casi todos cuentan con una residencia precaria que es otorgada al realizar una solicitud de asilo (casi la única vía posible para tener durante un tiempo una estancia regular), esta es rechazada al cabo de dos años, momento en el que pasan a la irregularidad. En 2013 hubo un decreto de regularización que permitió a algunos obtener el documento de identidad y desde hace un par de años representantes

2 A la vez, en el año anterior, sale el Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 70/2017, que modificó la Ley de Migraciones e implicó un retroceso de los derechos de los migrantes, al facilitar su expulsión. Después de un proceso de lucha, logró ser derogado en marzo de 2021.

3 Se denomina «mantas» a los puestos ambulantes donde se ubica la mercadería para la venta en las veredas. Suelen ser trozos de tela o de plástico que pueden transformarse rápidamente en una bolsa para huir de la policía.