Derechos, inclusión, sensatez: Instrucciones para un Pentecostés español

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Por Juan Claudio de Ramón

Prólogo del libro Por una Ley de Lenguas: Convivencia en el Plurilinguismo (Ed. Deusto, 2019) de Mercè Vilarrubias, ya a la venta, y que se presentará próximamente en Barcelona y Madrid.

Este es un libro importante. Déjenme explicarles por qué.

Desde hace años defiendo esta sencilla tesis: el problema territorial español es un problema, ante todo, lingüístico. En otras palabras: la crisis territorial no tiene que ver con la falta de reconocimiento de la conjetural plurinacionalidad del país, ni con agravios económicos entre comunidades, ni con un deficiente diseño de la planta estatal, ni con un injusto reparto de eso que redondamente llamamos el poder. No: la crisis territorial tiene su origen y motor inmóvil en una vieja y corrosiva querella lingüística y en la voluntad de poner a ciertas lenguas españolas de gran arraigo y rico acervo al servicio de proyectos comunitarios alternativos al español. En otras palabras: la clave del descontento reside en el perdurable deseo de un conjunto no desdeñable de ciudadanos españoles de disponer de un Estado propio para la lengua con la que se identifican y que es distinta de la lengua común española.

La clave del descontento reside en el perdurable deseo de un conjunto no desdeñable de ciudadanos españoles de disponer de un Estado propio para la lengua con la que se identifican y que es distinta de la lengua común española.

Nunca he creído que esta tesis sea controvertible. Basta con mirar al mapa para percatarse de que las líneas de fractura territorial están exactamente donde están las lindes linguísticas entre españoles. Allí donde se habla, junto al español, otra lengua, allí es donde se busca levantar una frontera. Por si no fuera indicio suficiente, la sociología electoral del secesionismo revela de manera pertinaz un rasgo constante: el sentimiento independentista anida con mayor facilidad en ciudadanos españoles con lengua materna distinta del español y se nutre en medida exuberante de sus votos. En paralelo, los ciudadanos vascos y catalanes más refractarios a la secesión son quienes sienten un vínculo más intenso con la lengua común (lengua que, por razones que merecerán un pie de página más adelante, me resisto a llamar castellano).

Por tanto, decir que el problema territorial es político es trivialmente verdadero. Más informativo y útil es decir que se trata de un problema etnocultural, o, de manera más precisa, etnolinguístico, expresión que no debe molestar a nadie porque la lengua es, de manera cierta, un rasgo étnico que todos los hombres y mujeres poseemos. Otra manera de decirlo es que el problema territorial es un problema de sentimientos, y que esos sentimientos tienen que ver, con pocas excepciones, con la lengua familiar y con todas las percepciones, equivocadas o no, que se tienen sobre la lengua.

Reconozcamos, por lo mismo y sin miedo, que el problema político de España es lingüístico. Esto supone enderezar de algún modo el cliché que nos pide creer a pies juntillas que la diversidad lingüística es una fuente de riqueza y un motivo de celebración, tópico al que convendría sacudir el polvo si queremos que siga significando algo cierto. Porque no cabe duda de que el plurilinguismo crea ventajas y riqueza, pero solo para el individuo. Para el Estado, en cambio –para cualquier Estado– el pluralismo lingüístico es solo un dato de su geografía humana que –al menos desde que en el siglo xix la lengua reemplazó a la religión como principal vector identitario– pondrá a prueba su unidad. Un somero vistazo a los últimos doscientos años de historia bastan para saber que las relaciones entre Babel y Leviatán no son especialmente amistosas.

 

A la vista de un diagnóstico tan elemental, cuesta entender por qué la clase política española no ha invertido sus esfuerzos en proponer una terapia centrada en la gestión de la diversidad lingüística. Porque en cuarenta años de democracia España –es una de las tesis que Mercè Vilarrubias sostiene convincentemente en su libro– no ha tenido una política lingüística digna de tal nombre, pensada para el conjunto de los ciudadanos. El valiente y prometedor artículo 3 de nuestra Constitución sigue, a día de hoy, sin desarrollo legislativo efectivo. Lo que sí han conocido los españoles, y con un ímpetu sin parangón en perspectiva comparada, son intensos programas de planificación lingüística por parte de las autoridades autónomicas en las comunidades bilingües: planes de normalización que –más preocupados, como resume Vilarrubias, en crear deberes morales hacia las lenguas llamadas propias que en regular los derechos de todos los hablantes– se han convertido hoy en fuente de malestar constante e insoportable polarización política.

Pues bien, la importancia de este libro es esa: la de proporcionar a los políticos de nuestro país una hoja de ruta novedosa, alejada por igual de la Escila de la indiferencia estatal y la Caribdis del exceso autonómico. Nada más propio de la mejor política, ante la presencia de un problema persistente que la costumbre no ha logrado resolver, que legislar con eficacia, respeto y sentido de la equidad. La propuesta tiene un nombre: Ley de Lenguas Oficiales y no se me ocurre ningún ejercicio de lege ferenda más noble y necesario ahora mismo para España. Tal y como yo lo veo, y después de haber leído este magnífico libro, tres conceptos clave son los que nos deben servir de guía para llevar la propuesta a buen puerto: derechos, inclusión y sensatez. Digamos algo de cada uno.

Los derechos

La Ley de Lenguas no solo colma un vacío normativo. También trae un cambio de método o de enfoque. Un método sencillo que opera con normalidad en otros países plurilingues, pero que supone una revolución en la conversación política española. Este: dejar de hablar (o dejar de hablar tanto) de las lenguas y empezar a hablar de los hablantes. Conlleva trasladar el énfasis de las políticas linguísticas desde las lenguas, pensadas como objetos, a los derechos de las personas en tanto que hablantes y usuarios. Cuando priman las lenguas sobre los hablantes incurrimos en un proteccionismo que fácilmente genera excesos victimistas. Las lenguas, hechos sociales neutros, quedan anudadas a identidades privativas o ideologías que no tenemos por qué compartir y se convierten en objetos de adoración para unos y de antipatía para otros. En cambio, cuando privilegiamos el punto de vista del hablante, adoptamos un enfoque liberal más respetuoso con el pluralismo de nuestras sociedades; nadie se siente coaccionado, y tampoco nadie desprotegido, porque junto a los derechos de las administrados, quedan fundadas las obligaciones de las administraciones, que deben garantizar el ejercicio de los primeros. Por tanto, priorizar los derechos de los hablantes no es privar de protección a las lenguas, sino muy al contrario, hacer al Estado garante de que una comunidad lingüística pueda seguir usando y transmitiendo su lengua, pero sobre la base de la voluntad de los hablantes, que es, en última instancia, la fuente de la vitalidad de cualquier lengua. Los derechos linguísticos resguardan a los hablantes de lenguas minoritarias de la asimilación y, al mismo tiempo, protegen a los hablantes de lenguas mayoritarias de la imposición en la que sienten la tentación de incurrir los celosos custodios de las lenguas pequeñas cuando manejan recursos gubernativos. Una legislación basada en los derechos es compatible con campañas de fomento, bajo el entendido de que fomentar no es obligar y que las administraciones pueden animar, pero no elegir por el administrado. Se trata, en el fondo, de trasladar el elemental credo liberal que aceptamos para la mayoría de las decisiones de nuestra vida al ámbito lingüístico. Si las políticas de las lenguas son las propias del nacionalismo, las políticas de los hablantes son las propias del liberalismo democrático.

La inclusión

Liberalismo es respetar, así, el mayor número posible de elecciones posibles de las personas que son facetas de su identidad. Sin embargo, resulta interesante comprobar que la estrategia que el liberalismo usa para avalar ese respeto en relación a las creencias religiosas o la orientación sexual, por citar dos fuentes primordiales de identidad individual, no resulta viable frente a la cuestión de la lengua. En materia de fe, el Estado liberal puede optar fácilmente por absterse de profesar o promover una fe concreta.

En materia sexual, el Estado liberal se dirá indiferente a lo que adultos libres y consentidores hagan en sus dormitorios. En ambos casos, la estrategia es la misma: la abstención o la no injerencia. Pero el Estado no puede abstenerse, al menos desde que en los albores de la Edad moderna su maquinaria administrativa se hizo ubicua en la vida de las personas, de hablar una lengua en la que comunicarse con sus ciudadanos. Y no existe una lengua neutral en la que hacerlo, como el código binario con que los programadores usan para hablar con los ordenadores. El Estado, artefacto humano, debe hablar en alguna lengua humana, y descubrirá, no sólo que los ciudadanos tienen sus propias preferencias linguísticas sino que a menudo sus motivaciones son extracomunicativas. Leviatán choca con Babel, pero no con el Babel bíblico de las lenguas, sino el Babel moderno de los sentimientos sobre las lenguas. Si el Estado opta por establecer la comunicación en una lengua que sienten como suya, el vínculo con el ciudadano se refuerza. Si lo hacen en una lengua que, incluso cuando es comprendida, no es la lengua sobre la que ha construido una fuerte identidad personal, es probable que el vínculo se resienta. El ciudadano desea verse reconocido como miembro perteneciente de cierta comunidad lingüística, y todo Estado cuyas fronteras políticas no coincidan el perimétro de una comunidad linguístia diferenciada se enfrentará a esta tesitura. Sobre este afán de reconocimiento y este potencial de afección política a través de la lengua podemos discutir páginas y páginas, pero considero más práctico tomarlo como un hecho sin vuelta de hoja de nuestra época.