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El Gobierno de Asturias se disculpa con una mujer que denunció “discriminación” al no ser atendida en bable

elmundo.es

Ocurrió el pasado 10 de septiembre. Una mujer llamó a la Consejería de Educacióndel Principado hablando en asturiano y la funcionaria que la atendió le pidió: “Por favor, hábleme en castellano”. Su interlocutora, que es profesora de la llingua, reclamó su derecho a expresarse en bable, a lo que la trabajadora de la Administración respondió: “También yo tengo derecho a pedirte que me hables en castellano”.

Este episodio derivó en una queja formal presentada por Iniciativa pol Asturianu, una plataforma que defiende esta lengua romance, al entender que la ciudadana “sufrió una discriminación”. Argumentan que según la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, vigente desde 1998, “todos los ciudadanos tienen derecho a emplear el bable/asturiano y a expresarse en él, de palabra y por escrito”. La norma detalla en su artículo 4 que “se tendrá por válido a todos los efectos el uso del bable/asturiano en las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado de Asturias“.

Sin embargo, los funcionarios de Asturias no están obligados a dominar el bable. La Ley de Uso sólo establece que el Principado “propiciará el conocimiento por todos los empleados públicos”.

En su respuesta, el Principado admite que “no debería haberse indicado a la comunicante que empleara el castellano en su llamada”, expresa las “disculpas” de la Consejería de Educación y reitera su “compromiso” con la ley “de forma que los ciudadanos puedan dirigirse a la Administración autonómica en asturiano”.

La funcionaria que causó la queja no ha sido objeto de ninguna investigación al no conocerse los datos concretos de la llamada, según explica la Consejería de Educación.

Formación de los funcionarios

El presidente de Iniciativa pol Asturianu, Inaciu Galán, reclama a la Consejería de Educación la puesta en marcha de mecanismos de formación para que el funcionariado conozca la ley y “pueda tener un mínimo conocimiento voluntario de asturiano”.

En este sentido, el Principado asegura que la formación para potenciar el conocimiento del asturiano en la Administración es “una de las principales funciones de la Dirección General de Planificación Lingüística y Normalización” y otros departamentos públicos como el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada.

Galán subraya que con su queja formal no pretenden que los funcionarios respondan en asturiano, sino que los ciudadanos que lo deseen puedan dirigirse en esta lengua a la Administración. “Continuamente pasan este tipo de pequeñas situaciones que burlan la ley”, denuncia. “Ni siquiera es necesaria la oficialidad“, explica.

El debate en torno a la equiparación del bable como lengua oficial en Asturias está más abierto que nunca tras el viraje del PSOE hace ahora exactamente un año. La oficialidad, que algunos sectores reclaman desde la Transición, podría aprobarse en la próxima legislatura si los partidos que la defienden (PSOEPodemosIzquierda Unida y Foro) sumaran 27 de los 45 diputados de la Junta General del Principado.

En tal caso, tendrían que acordar un modelo de oficialidad en coincidencia con el procés independentista en Cataluña, que ha dado relieve al carácter identitario y nacionalista asociado a algunas lenguas cooficiales.

La respuesta del Gobierno de Asturias a la queja formal presentada por Iniciativa pol Asturianu.

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