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El Consejo Escolar denuncia que la ley Celaá margina el español

La ministra de Educación rechaza las críticas y asegura que estudiará el informe

El Gobierno inicia los trámites para derogar la Lomce del PP con la comunidad educativa en contra

Así es la ‘ley Celaá’: el Gobierno entrega a Cataluña la decisión de qué materias se dan en castellano

 

elmundo.es

La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado denuncia que la reforma educativa del Gobierno permite un “uso marginal” del castellano. Afea al Ministerio de Educación que haga una “delegación total” en las comunidades autónomas respecto a la lengua y le insta a fijar en su anteproyecto de ley orgánica una “proporción mínima” de español que debe garantizarse en las aulas de toda España.

Así lo establece el informe de la ponencia a la ley Celaá que la Comisión Permanente del máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa aprobó el pasado lunes. El borrador, al que ha tenido acceso EL MUNDO, deberá ser ratificado por todos los consejeros en el Pleno que se celebrará el próximo 8 de enero y es susceptible de ser modificado o rechazado. Pero la Permanente, que es un órgano más reducido formado por el presidente, el vicepresidente y la cuarta parte de cada uno de los grupos de consejeros, ya ha dejado puesto por escrito que Cataluña vulnera la Carta Magna: “Se da la circunstancia negativa en algunos puntos del Estado de asignar un uso marginal a la lengua castellana, de forma que no parece la lengua oficial de todo el Estado y se incumple el artículo 3 de la Constitución Española, cuando señala que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.

“Al ser la lengua castellana patrimonio común de todos los españoles”, prosigue la observación número 60 al apartado 72 de la ley, “no parece conveniente que la Administración central haga delegación total de su uso vehicular en el ámbito educativo a las administraciones autonómicas”.

La ley Celaá entrega a Cataluña la potestad para decidir qué materias se dan en castellano y cuáles se imparten en catalán y elimina la obligación establecida por la Justicia de impartir clases en castellano en una “proporción razonable”. La palabra “razonable” ha desaparecido del redactado y, aunque la ministra Isabel Celaá aseguró ayer que este término no añade nada, el Consejo Escolar opina lo contrario. De hecho, su propuesta -que surge a partir de una enmienda de las familias de la Concapa– es que la Administración central “fije una proporción mínima del uso de la lengua castellana en todo el Estado, como lengua oficial que es”.

El borrador también recomienda que en el artículo que habla del reparto competencial se incluya un punto sobre la “coordinación de las políticas educativas de las diferentes comunidades autónomas con el fin de garantizar una homogeneización en todo el Estado español”.

Propone, además, que “por la importancia y el rigor” que deben tener las evaluaciones de diagnóstico, no sean competencia de las comunidades autónomas, como dice ahora el anteproyecto, sino que su diseño lo realice el Ministerio y después su aplicación corresponda a los gobiernos regionales. “Parecería más adecuado que hubiera una coordinación estatal en este tema y unos indicadores comunes a todo el Estado español”, plantea. Y reclama “actuaciones conjuntas y coordinadas a nivel nacional” con el fin de “asegurar que todos los alumnos realizan evaluaciones de diagnóstico de forma homogénea y comparable”.

El informe de la ponencia, de 33 páginas y 75 observaciones, es un varapalo a la ley Celaá. Aunque no es vinculante, este tipo de trabajos suelen ser tenidos en cuenta por los gobiernos, pues están hechos por los mayores expertos en legislación educativa. Además de incluir valoraciones concretas, incorpora observaciones generales que marcan el posicionamiento del Consejo Escolar.

Por ejemplo, tira de las orejas al Gobierno por no incluir un compromiso explícito de financiación del 5,5% del PIB, a pesar de que ésta fue la razón del PSOE para salirse del pacto de Estado. O le reprende por incurrir en la exposición de motivos en «juicios de valor» que “están fuera de lo que debiera ser la redacción de un proyecto de ley orgánica”. También hace recomendaciones para profesionalizar la función directiva; pide poner Historia del Mundo Contemporáneo como materia común en todo el Bachillerato; plantea que “el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa” esté en la ley, y sugiere que las familias no tengan que adelantar el dinero de las becas, como sucede ahora con la Lomce.

Celaá rechaza las críticas y afirma que estudiará el informe

En declaraciones a los periodistas en Salamanca, antes de participar en la “Escuela de Gobierno” organizada por el PSOE de Castilla y León, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado que “en absoluto” es cierto que su propuesta de reforma educativa permita a las autonomías marginar al castellano en las aulas, porque “garantiza la enseñanza y el aprendizaje oral y escrito en la lengua castellana en todo el territorio nacional”, según informa EFE.

Celaá ha explicado que su departamento aún no ha recibido el informe de ponencia del Consejo Escolar del Estado sobre el anteproyecto de reforma educativa, aunque ha añadido que lo estudiarán a lo largo de la próxima semana para observar sus enmiendas y propuestas.

Ha asegurado que serán incorporadas en el caso de que le parezcan “pertinentes”, ya que el texto normativo está aún “en fase de consultas” y aún no ha comenzado “una negociación profunda de lo que cada organismo de consulta plantea“. “Hay que seguir hablando”, ha resumido.

Celaá ha asegurado que el texto es “absolutamente constitucional”, al garantizar la enseñanza y el aprendizaje en castellano en todo el territorio nacional y asegurar igualmente el uso de las lenguas cooficiales del Estado.

“Veremos qué nos dicen los colectivos para terminar de encajar lo que es la propuesta que se lleve al Congreso de los Diputados”, ha añadido la ministra, quien ha sostenido que este aspecto permaneció invariable también cuando gobernó el PP “y nada se ha dicho” al respecto.

La ministra ha asegurado que en su relación con las “administraciones educativas”, en referencia a los gobiernos autonómicos que tienen lengua cooficial, el Estado “se reserva el 55 por ciento de todo, en el reparto de todas las materias, también de la lengua castellana”. “Cuando ser vea el decreto allí se establecerán las horas para cada materia, incluido el castellano”, ha rematado.EFE

 

Por OLGA R. SANMARTÍN

 

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