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En busca de la claridad en el lenguaje jurídico

Pablo Salazar Carvajal, autor del Diccionario Jurídico del Poder Judicial de Costa Rica, participó en el VIII Congreso Internacional de la Lengua, realizado en Córdoba, Argentina,

 

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Pablo Salazar Carvajal, autor del Diccionario Jurídico del Poder Judicial de Costa Rica, participó en el VIII Congreso Internacional de la Lengua, realizado en Córdoba, Argentina, con la ponencia “El lenguaje jurídico… ¡Claro!”, por lo que recogemos en esta entrevista sus consideraciones sobre el tema y sobre aspectos del encuentro que reunió a cientos de representantes de Hispanoamérica.

¿Qué pasaría si los abogados hablaran como la gente?

–Pasaría que la gente los entendería, serían más queridos, se relacionarían mejor con sus clientes. Esos mismos clientes, aún insatisfechos por un fallo adverso, comprenderían qué fue lo que hizo su representante y cómo fue que resolvieron sus juzgadores. Los letrados hasta podrían cobrar más, porque el pagador entendería cómo es que estos señores y señoras —enfundados en sus trajes sastre— se ganan la vida.

Prefiere utilizar “uso jurídico del lenguaje” a lenguaje jurídico, ¿qué matices hay en el medio para preferir el primer término?

–Uso jurídico del lenguaje es lo que prefiero. Y es que no creo que exista algo que se llame, rigurosamente, “lenguaje jurídico. La lengua española es una y sus variantes; y lo jurídico puede ser una diferencia diafásica más. Cierto que encontramos definiciones que, puntuales, describen que el lenguaje jurídico es un conjunto de términos, expresiones, usos lingüísticos y locuciones que se refieren a reglas de la ley o del Derecho. Cierto que ese sistema de signos orales, escritos y hasta gestuales, que se utilizan para comunicarse en estrados, es un lenguaje particular; sin embargo, igualmente cierto es que ese lenguaje se enuncia dentro de un sistema de comunicación caracterizado por un vocabulario y una gramática propios: la lengua española. Devenido de esto es que prefiero a “lenguaje jurídico”, la expresión “uso jurídico del lenguaje”. Incluso, podría decir “uso jurídico de la lengua”; pero no nos enzarcemos en bizantinismos y permítaseme dejarlo así.

En su ponencia —El lenguaje jurídico… ¡Claro!— recomienda que los abogados, como parte de su formación, reciban Lingüística para abogados I y II. ¿Cree que eso sea posible en Costa Rica, por ejemplo?

–Sí, sí lo creo. Pienso que el impulso de una idea como esta —incorporar a los planes de estudio del Derecho materias introductorias a la Lingüística— es difícil, pero muy posible. Prima facie, como dicen los abogados cuando quieren decir “a primera vista”, considero que las dificultades, ¡y las soluciones!, son diferentes en la Universidad de Costa Rica y en las universidades privadas. En la universidad estatal hay que recorrer un camino burocrático muchísimo más largo en cuanto a reforma del currículo, contenido de las materias, asignación de profesores, consideración del sector estudiantil… Pero el ánimo, la voluntad de enriquecer el plan de estudios, estoy seguro, ahí está, en general, entre autoridades, profesores y estudiantes. Mientras que en las universidades privadas el trámite burocrático sería mucho más expedito, pero se toparía contra el lucro, la celeridad para graduarse, el costo de las materias y los gastos, en general, que conllevaría impartir y cursar un par de materias más… Pero, con todo lo que se puede agregar, considero que, en virtud de las bondades que apareja el estudio de la Lingüística —y por qué no, de la Filología—, es viable, en Costa Rica o en cualquier otro país, la recomendación. Hay experiencias en ese sentido en Valparaíso, Chile, por mencionar un ejemplo.

Cita esta joya en su ponencia: “Inventario de hechos ciertos que destaca veredicto recurrido merece apoyo, pues, deviene trasunto del material de evidencia electo”. ¿“Jura” que no sacó tal afirmación de un manual de incomunicación?

–¡Lo juro! Primero quiero decir que eso significa, en cristiano —o en la religión que quiera entenderse— que, de la sentencia apelada, se aceptan los hechos probados. Es sentencia del Tribunal Primero Civil. Y sí, en todas las materias del Derecho se ve ese “afán incomunicativo”. Lo digo así, entrecomillado. Y es que los jueces, en verdad, quieren comunicar lo que decidieron, pero lo que pasa es que no pueden. Por varias razones, sí, pero no pueden… Dejémoslo de ese tamaño, que si no me entusiasmo; y, claro, eso es materia para otra conversación.

¿Por qué los abogados parecen tenerle miedo a la “llaneza” a la hora de expresarse en sus alegatos y juicios”?

–Es una pregunta de dificilísima respuesta. Creo que puede abarcar tantas razones, como abogados “incomunicadores” hay… Es difícil, sí… Seamos justos: no todo abogado, por el hecho de serlo, es una muestra de disfunción comunicativa. Eso por una parte. Por otra, el Derecho, a lo largo de la historia, ha tenido y tendido a un refinamiento conceptual que no es sencillo. Como toda técnica, requiere precisiones en los nombres, puntualidades en las definiciones y fidelidades en los alcances. Tanto así, que para llegar a esas “exactitudes” se estudia. Entonces, cuando se está entre colegas, hace bien, a lo comunicado y a eso que llaman ego, mostrar que se conocen adecuadamente o mucho los rigores técnicos. Eso lleva a que, entre abogados, insisto, es más exacto, más preciso, hablar de “un problema de tipicidad que tiene consecuencias sobre la verificación del dolo” que “averiguar si el acusado quería, en verdad, el resultado de lo que hizo”. ¿Me explico? Puede ser, ¡puede ser!, que los abogados hablan así, con sus clientes, con el profano, por una “deformación profesional” y una “deformación personal” devenida de su incapacidad —son incapaces, pues— y de su desconocimiento léxico o lingüístico para hablar, de su materia, con quien no tiene saber jurídico.

La lengua española une a más de 500 millones de hablantes en el mundo, ¿qué representa esta condición en el futuro del español?

–El idioma español goza de excelente salud. La literatura que se crea en esta lengua, la ciencia, el cine, el teatro, la televisión, lo audiovisual, en general, es garantía de “futuro”. La producción de conocimiento científico, económico y técnico no es despreciable. Tenemos la música y la danza que se escucha y se baila con palabras hispanoamericanas. Es decir, hacemos los amores que requerimos con términos cervantinos. Que doscientos ochenta millones de mujeres, con los otros doscientos ochenta millones de hombres, estén dedicados a sus quehaceres en español, representa —si el género humano no termina con el planeta— un futuro luminoso para nuestra lengua.

Como ponente en el VIII Congreso y como gestor del Diccionario del Poder Judicial en el país, ¿cuál es la mayor preocupación que tiene respecto al uso de la lengua española en la era de Internet?

–En verdad mi preocupación no va tanto por el uso de la lengua en la era de Internet. Ya dije que considero que el español está sano. Mi preocupación es la gran posibilidad de perder palabras bellas… o grotescas; sí, preocupación de perder palabras. Hoy día no se conoce o no se usa —y si se conoce y se usa, se es motivo de burla— una palabra tan bonita y ancha como lo es “vistada”. La “vistada” es más amplia que la “vista”; la “vistada”, muy campesina y abarcadora, obliga a mover la cabeza más allá de los 180º que proveen los ojos. Hoy, la “vistada” padece bajo la bota de la mediática y digital “panorama”.

 

 

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