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Bélgica no tramitará la euroorden contra Puigdemont hasta recibirla traducida

La fiscalía de Bruselas se queja de que el juez Llarena la ha enviado únicamente en castellano.

 

elespanol.com

Por Juan Sanhermelando

Lost in traslation. La fiscalía de Bruselas ha confirmado este martes que acaba de recibir la nueva euroorden emitida por el juez Pablo Llarena contra el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, que se encuentra huido en Bélgica desde el 30 de octubre de 2017. Pero la petición de entrega a España está redactada únicamente en español y la normativa belga exige que se traduzca también al menos al inglés o a una de las tres lenguas oficiales del país: francés, flamenco o alemán.

El resultado de este malentendido lingüístico es que la justicia belga no procederá a la detención de Puigdemont ni tomará ninguna medida cautelar sobre él hasta que no reciba las traducciones. El juez Llarena se ha comprometido a enviarlas a lo largo de la próxima semana. La euroorden se queda sin tramitar hasta entonces.

“La fiscalía de Bruselas ha recibido este 15 de octubre de 2019 la orden europea de detención emitida por la justicia española contra Carles Puigdemont, redactada en español”, ha informado en un comunicado.

“El país solicitante debe facilitar la traducción de esa orden en una de las tres lenguas nacionales o en inglés. Al ser contactada, la justicia española ha afirmado que proporcionará la traducción a lo largo de la próxima semana“, señala la fiscalía. “Una vez que hayan sido recibidas las traducciones de la euroorden y de todas las piezas adjuntas, la fiscalía de Bruselas procederá al análisis de esa orden”, agrega.

Al margen de los problemas con la traducción, la justicia belga deja bien claro desde el principio que piensa tomarse la euroorden contra Puigdemont con mucha calma. “Vista la complejidad del expediente y de las dos euroórdenes que ya se han emitido previamente contra Carles Puigdemont, el dossier exige un análisis jurídico en profundidad”, alega el comunicado.

El procedimiento de la euroorden

Aparte de comprobar que la petición de España contiene toda la información necesaria, la fiscalía de Bruselas deberá “verificar si los hechos que están en la base de la orden europea de detención y entrega constituyen una infracción en el derecho belga“. Sólo entonces, el expediente se pasará a un juez de instrucción para que la tramite. De momento no hay fecha para ninguno de estos pasos.

Según el procedimiento de la euroorden, el juez de instrucción debe proceder a la detención de Puigdemont (en las anteriores ocasiones ha sido una entrega pactada) e informarle de que tiene la posibilidad de volver a España voluntariamente. En ese caso, el proceso duraría apenas 10 días. El abogado de Puigdemont, Paul Bekaert, ya ha adelantado que no tiene intención de hacerlo. Alegará que las penas impuestas por el Supremo a Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas en prisión son “desproporcionadas” y que no se ha respetado el derecho a la defensa.

En ese caso, el juez de instrucción dispondrá de un plazo de 24 horas para decidir si dicta contra Puigdemont prisión provisional mientras dure la tramitación de la entrega. Un escenario altamente improbable porque en las dos euroordenes anteriores Bélgica no apreció riesgos de fuga e impuso medidas alternativas como la prohibición de dejar el país y el control diario de sus movimientos.

A partir de ese momento, el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas debe decidir en un plazo de 15 días sobre la entrega. Tanto la fiscalía como el propio Puigdemont pueden presentar recurso contra este fallo ante la Sala de Acusación, la segunda instancia judicial para la euroorden en Bélgica. Ésta dispondrá de otros 15 días para emitir su dictamen.

Contra este fallo todavía cabe recurso de casación, que puede alargar aún más los plazos. La norma sobre la euroorden prevé que la decisión sobre la entrega debe adoptarse en un plazo máximo de 60 días, extensible a 90 días en casos excepcionales.

El ex presidente catalán ha asegurado este martes que no tiene ninguna intención de huir de Bélgica y que tiene una “confianza plena” en sus instancias judiciales. “Nosotros, a través de mis abogados, estamos a su absoluta y entera disposición. Conocen mi domicilio, mi disposición a estar presente cuando ellos lo requieran y por tanto no va a haber ningún problema”, ha dicho Puigdemont.

La tercera euroorden, tras el fallo del Supremo

Llarena decidió reactivar la euroorden contra el ex presidente catalán nada más conocerse la sentencia del Supremo sobre el ‘procés’. La nueva petición suprime las menciones al uso de la violencia como medio para conseguir la independencia unilateral de Cataluña y ya no se contempla el cargo de rebelión, aunque las dos anteriores euroórdenes también incluyeron como calificación el delito de sedición, que es el finalmente acogido por la Sala que ha juzgado el ‘procés’. Los cargos indiciariamente atribuidos al expresidente catalán son sedición y malversación.

La primera euroorden fue cursada el 3 de noviembre de 2017 por la entonces jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, pero Llarena la retiró en diciembre, poco después de asumir la instrucción de la causa, por el temor de que Bélgica cercenara los cargos y no entregara al encausado por rebelión.

Eso fue precisamente lo que ocurrió con la segunda euroorden, emitida tras la detención de Carles Puigdemont en Alemania cuando regresaba en coche a Bélgica el 25 de marzo de 2018. La detención respondió a la segunda euroorden, emitida por Llarena el día 23 anterior.

A Bélgica le bastaron dos meses para que el Tribunal de Primera Instancia de lengua neerlandesa de Bruselas rechazara y declarara sin efecto esa euroorden alegando motivos de forma. Por su parte, el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania) aceptó el 12 de julio de 2018 entregar a Puigdemont para que fuera juzgado por una presunta malversación de fondos públicos, pero no por rebelión o sedición.

En una resolución dictada el 19 de julio de 2018, Llarena se negó a aceptar la entrega por uno solo de los cargos -y no el más relevante- y destacó “la falta de compromiso” del tribunal alemán con unos hechos que habían quebrantado el orden constitucional español.

 

 

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