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El debate sobre el derecho al idioma materno indígena (I)

eldiariodechihuahua.mx

Por Armando Sepúlveda Sáenz

La trágica muerte del lingüista Enrique Servín, fervoroso luchador por la conservación y desarrollo de las lenguas indígenas, en particular de los pueblos indígenas del estado, ha puesto de nuevo en los medios masivos el debate, sordo pero continuo que algunas organizaciones y grupos sostenemos sobre los problemas y medidas que deben instrumentarse como acciones de la sociedad civil o como políticas públicas en apoyo a las determinaciones básicas de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro estado. En particular sobre algunas interrogantes, las hipótesis relativas y las políticas públicas al caso, apoyados en la presunción del derecho al idioma de las colectividades indígenas.

Resulta frustrante que aún haya personas que piensan que las culturas indígenas están de más, son un anacronismo y un segmento social incompatible con los procesos económicos y sociales de la sociedad hegemónica, por consiguiente, la sobrevivencia de sus idiomas maternos indígenas resultan por demás algo culturalmente accesorio, cuando no un estorbo para el desarrollo económico y social. De este modo, resulta incomprensible para este grupo, que el Estado formule, con grandes erogaciones, políticas  e instituciones que aseguren su permanencia y desarrollo. Peor aún -nos dicen- el quehacer estatal se finca en hipotéticos derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.

Como otros derechos humanos, en el actual sistema normativo internacional, se puede identificar el derecho al idioma, en el principio y derecho a la no discriminación, prescrito en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. (Artículo 2). Desde entonces se han aprobado declaraciones de derechos  humanos que contienen derechos de los  pueblos indígenas,  como específicos de los derechos lingüísticos. Por ejemplo, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989); Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 (Artículo 14); Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a Minorías Nacionales, o Étnicos, Religiosas y Lingüísticas (1992), entre otros instrumentos de derecho internacional. Por tanto, no cabe duda que a la luz del derecho internacional los derechos lingüísticos están reconocidos ampliamente y desde tiempo atrás. No tiene menor importancia el hecho de que al formar parte del sistema previsto en estos instrumentos, México está obligado a reconocer los derechos en general de los pueblos indígenas así como sus derechos lingüísticos en particular.

En congruencia con la problemática y el marco normativo internacional 2003 entro en vigor la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, cuyo objeto es “regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos”.   Mediante el Artículo 14 de este ordenamiento, se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, cuyo objeto es  “promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia”. Contamos pues con un sólido andamiaje legal e institucional que presumiblemente mejoraría las condiciones de desarrollo de las lenguas indígenas. Y sin embargo, 16 años después somos testigos de los estertores de la desaparición de algunas de ellas.

Como una condición de las políticas públicas y los esfuerzos de la sociedad civil está en el mejor de los casos, la generalizada indiferencia, cuando no el desprecio por la cultura indígena y su elemento vertebrador, sus idiomas.

El reconocimiento constitucional del derecho de los pueblos indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas se consolidó con la entrada en vigor de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Esta ley enmarca los llamados derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, pero también establece la relación de las lenguas en un marco de la diversidad lingüística y cultural de nuestro país. Los derechos lingüísticos que se reconocen en el marco jurídico mexicano, primordialmente en la mencionada Ley General, comienzan por el reconocimiento de que las lenguas indígenas son las que hablan los pueblos indígenas, entendidos éstos como los preexistentes al Estado mexicano. Es importante por tanto reconocer: 1)  Que dada composición pluricultural de la Nación sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país, las lenguas indígenas son parte del patrimonio cultural y lingüístico de nuestro país. 2) Las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales y tienen la misma validez. 3) El Estado es responsable de reconocer, proteger y promover la preservación, el desarrollo y el uso de las lenguas indígenas nacionales. Esto último implica que el Estado está obligado a adoptar las medidas necesarias para la promoción y difusión de las lenguas indígenas en medios de comunicación y programas culturales donde se promuevan la literatura, las tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas. Los hechos indican que el Estado ha fallado ¿En dónde y por qué? ¿Qué hacer? De esto nos ocuparemos en la próxima colaboración.

 

 

 

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