DANIELA LAURIA
Instituto de Lingüística, Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires / CONICET, República Argentina
danielalauria76@gmail.com
Resumen. En 2017, se conformó una Red Nacional de Lenguaje Claro en la que participan representantes de los tres poderes del Estado. Las directrices del proyecto señalan que la claridad de las comunicaciones emitidas por el Estado colabora en el adecuado ejercicio de los derechos y de los deberes a la vez que fortalece la democracia, la transparencia, la confianza y la inclusión social. En este trabajo, se examina el programa “Justicia en lenguaje claro” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el objetivo de explicar sus implicancias glotopolíticas. Partimos de la idea de que se adopta esta medida de arbitrar el orden lingüístico con la (supuesta) voluntad de “empoderar a los ciudadanos”, es decir, de transformar la distribución social del capital simbólico en el plano del lenguaje. Empero, los resultados muestran que esta campaña entraña una fuerte dimensión económica además de buscar controlar el orden social establecido.
Palabras clave: lenguaje claro; discurso jurídico; Estado; Argentina; Glotopolítica.
Introducción
Históricamente, las extensas tradiciones de la retórica y de las artes de escribir se han especializado en la regulación de la discursividad estableciendo normativas para la producción de los discursos públicos legítimos en distintos ámbitos sociales significativos en cada etapa. Esas intervenciones han servido a determinados intereses y subjetividades en el marco de las condiciones políticas y socioeconómicas que prevalecen en cada coyuntura.
En la actualidad, la tendencia a la uniformización lingüística y discursiva –necesaria para el funcionamiento de los medios electrónicos y digitales de modo tal que faciliten la acción de los buscadores y de otras herramientas informáticas como los traductores automáticos o los chatbots–, la creencia en el poder de la palabra para “democratizar” las relaciones sociales y/o para manipular a los ciudadanos, y el control de la prestación rápida, eficiente y rentable (en el sentido de ahorrar costos y tiempos y, con ello, aumentar la productividad) de los servicios ampliaron el alcance de dispositivos normativos capaces de afrontar la diversidad constitutiva de las sociedades contemporáneas, que consisten tanto en la imposición de reglas explícitas como de prácticas altamente normativizadas.
En términos de Auroux (1992), en el momento presente se está atravesando una nueva revolución tecno-lingüística. La primera corresponde a la invención de la escritura, que fue uno de los factores necesarios para la aparición de la reflexión sobre el lenguaje. La segunda, acompañada por, entre otros factores, la invención de la imprenta, fue el proceso de gramatización, que implicó una profunda transformación de la ecología de la comunicación a través de la creación de dos artefactos tecnológicos denominados “instrumentos lingüísticos” que construyen y fijan la lengua a partir de la formulación de normas y reglas como son la gramática y el diccionario monolingüe. La tercera y actual se relaciona, además de con los cambios socioeconómicos derivados de la globalización, con la mecanización y automatización del lenguaje: el desarrollo de las tecnologías de la palabra implanta ciertos formatos y modifica una vez más las representaciones y las prácticas en torno al modo de comunicación.
Si bien el tema de la regulación discursiva ha sido ampliamente estudiado tanto desde una perspectiva histórica (examen de retóricas y artes de escribir de diferentes épocas) como actual (examen de manuales de estilo para escribir en Internet, especialmente en las redes sociales) desde la perspectiva glotopolítica (ARNOUX, 2008, 2015, 2016 y 2018 y en prensa), este artículo se propone avanzar en el análisis de un programa oficial de uso del lenguaje claro y de la lectura fácil (entendidas como “prácticas de higiene verbal” según Cameron, 1995) a través del cual el Estado2 argentino entabla comunicación con la ciudadanía. Esta campaña se despliega en el ámbito jurídico y en un contexto político que promueve la transparencia como eje central del gobierno del “cambio”3 que está en el poder desde diciembre de 2015.
El trabajo se interroga acerca de si estos modos de leer y de escribir adoptados desde el Estado para arbitrar el orden lingüístico y discursivo con la (supuesta) voluntad de “empoderar a los ciudadanos” inciden (o no) en la transformación de la distribución social del capital simbólico en el plano del lenguaje en lo que atañe a la comunicación experta, en este caso jurídica, oficial.
La iniciativa estatal se presenta como una respuesta “natural” a las dificultades que tienen los ciudadanos para comprender leyes, reglamentos, sentencias, contratos y otros documentos jurídicos. Como ya se señaló, esta intervención en las prácticas lingüísticas y discursivas se inscribe en políticas más amplias llevadas adelante por el aparato estatal que declara impulsar medidas públicas democráticas, transparentes, justas, equitativas e inclusivas en cuanto a los derechos civiles. Con este gesto, se desea proyectar una imagen de un Estado abierto, cercano, (pos)moderno, despolitizado, pragmático, técnico y flexible a las demandas de equidad e inclusión social.
En el caso del lenguaje claro caracterizado por su tendencia justamente a la claridad, precisión y concisión, Lara (2006) señala que es un tópico del Renacimiento con antecedentes en la Edad Media, en la plana locutio, que se opone al considerado lenguaje barroco y sobrecargado. Cada vez que se produce un cambio en la tecnología de la escritura, es decir, que mutan las condiciones materiales, resurge el tema de la claridad, la sencillez y la brevedad a la hora de comunicar. Su reaparición en el presente adquiere, claro está, un sentido histórico y una función social diferente. Más allá de los aspectos declarativos, se vislumbran motivaciones políticas y económicas que orientan esas medidas: responden, entendemos, a una funcionalización del lenguaje acorde con la racionalidad neoliberal tecnocrática hegemónica de la eficacia, la eficiencia, la rapidez y el lucro (reducción costo-incremento beneficio), semejante a la lógica empresarial en la que los destinatarios son construidos e interpelados como clientes y/o consumidores de los servicios públicos más que como ciudadanos.
Nuestra investigación se inscribe en el enfoque glotopolítico (ARNOUX, 2016 y LAURÍA, 2017) que estudia la dimensión política de los fenómenos lingüísticos y discursivos abordados y los examina como intervenciones, muchas veces en disputa, en el espacio público del lenguaje que tienden a reproducir o transformar una estructura de clases sociales dominante, construyendo las subjetividades necesarias en cada instancia histórica Con especial énfasis, se identifican y relevan las representaciones e ideologías del lenguaje que sostienen dichas acciones (ARNOUX; DEL VALLE, 2010). Desde el punto de vista metodológico, el trabajo adopta una metodología de tipo cualitativa, cuyo fin no es verificar hipótesis o realizar predicciones sino, más bien, acceder a la construcción de los sentidos asociados al tema abordado a través de las herramientas del análisis del discurso en tanto práctica eminentemente interpretativa (ARNOUX, 2006).
Por otra parte, nos nutrimos igualmente de otros planteos tales como los que provienen de la sociolingüística crítica como son los estudios de Duchêne y Heller (2012), Lara (2015) y Heller y McElhinny (2017) que también exploran el lenguaje como un recurso que produce, reproduce o disputa la distribución desigual en el acceso a otras clases de recursos tanto simbólicos como materiales. En definitiva, ponen en juego la relación entre lenguaje, política y cambio social.
Inicialmente, se hará un repaso general de los modos de escribir y leer en el ámbito de la justicia. Posteriormente, el trabajo se focalizará en la descripción y análisis del programa global “Justo vos” en lo que atañe a la cuestión del lenguaje claro en particular. Y, finalmente, se discutirán las implicancias glotopolíticas que entraña dicho proyecto proveniente de la esfera estatal.
1 Doutora em Linguística pela Universidad de Buenos Aires, onde atua como docente e pesquisadora adjunta (CONICET).
2 Por “Estado” entendemos tanto el país dentro de sus fronteras como la institución administrativa gubernamental de ese país. En este caso, aludimos al segundo caso.
3 La alianza que está a cargo del Poder Ejecutivo (2015-2019) se denomina justamente “Cambiemos” y une fuerzas de un partido político histórico como es la Unión Cívica Radical (UCR) y uno más nuevo como es el PRO.
Anuario de Glotopolítica 
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