Es sabido que cada profesión tiene formas particulares de comunicarse: palabras, giros lingüísticos, frases específicas que son reconocibles entre quienes forman parte de un gremio. Pero hay ocasiones en que los profesionales de dicho gremio deben comunicarse con otras personas que no comparten ese lenguaje, y es necesario que hagan una adaptación para que este sea comprensible.
Esta adaptación deberían de haberla tenido en cuenta quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte calificó como constitucional la consulta popular que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador; muchas personas se sorprendieron porque no había motivos legales para considerar dicha consulta como constitucional. Pero el fallo de la Suprema Corte fue doble: en primer lugar, al sorprender con su decisión de considerar que la justicia debe someterse a consulta y, en segundo, al proponer una nueva pregunta que, por decir lo menos, es ambigua y confusa.
Quienes integran la Corte parece que con frecuencia y con conciencia ignoran que las decisiones que toman afectan la vida de muchas personas que, en general, no les entendemos cuando expresan sus argumentos y decisiones. Esa falta de adaptación a un lenguaje claro para cualquier hispanohablante se mantiene aun cuando la mayoría de dichas sesiones son abiertas al público; es decir, que su audiencia no solo está conformada por personas que pertenecen al gremio de la abogacía, sino por muchas más que no dominamos lo que coloquialmente se conoce como abogañol.
La nueva pregunta avalada por la Suprema Corte resulta difícil de comprender para muchas personas, también para el presidente de la República.1 El artículo 26 de la Ley Reglamentaria de Consulta Popular establece que la Corte deberá revisar que la pregunta “emplee un lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo”.
¿Era de verdad imposible redactar esta nueva pregunta de modo que cualquier persona, con cualquier nivel escolar, pudiera entenderla, sin necesidad de “irla interpretando”, como declaró el presidente que haremos de aquí a que se realice la consulta?2 En cualquier curso de redacción se enseña que en lo escrito no debe haber lugar a la interpretación, especialmente cuando quien escribe no está ante quien le lee para explicarle “lo que quiso decir”.
Ocho ministros de la Corte consideraron que el enunciado “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” está escrito en un lenguaje sencillo y comprensible… ¡pero en abogañol!
La ambigüedad caracteriza a la nueva pregunta de la consulta: ¿cuáles son las “acciones pertinentes”?, ¿a qué “decisiones políticas” se refiere?, ¿qué periodo abarcan los “años pasados”?, ¿a quiénes se considera “actores políticos”?, ¿el “proceso de esclarecimiento” es diferente a una investigación o se trata de una aclaración?
Ni siquiera quienes se dedican a la abogacía tienen respuestas puntuales a estas vaguedades.
Si nos enfocamos en la redacción, ¿por qué las ministras y los ministros les dieron la espalda a las personas no hablantes de abogañol que tendrán que responder con un sí o un no a esta pregunta tan confusa? ¿Por qué no plantearla en un lenguaje claro y verdaderamente comprensible para todas las personas? Ya hablaba de la interpretación, de la ambigüedad, pero ¿qué tal los giros innecesarios, las palabras que restan fuerza a lo expresado, que matizan o confunden?
Si pudiera escribir una propuesta, en palabras llanas, con una estructura más directa, intentaría con este enunciado: “¿Estás de acuerdo o no en que se aclaren, con apego al marco constitucional y legal, las decisiones políticas tomadas por actores políticos, de modo que se garantice la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
La vaguedad no desaparecería —incluso me atrevo a pensar que es una característica que los ministros querían mantener—, pero sí se entendería en una sola lectura y quizá sería más evidente que solo se busca aclarar hechos, y no juzgarlos. Tener una pregunta así, ¿motivaría a la ciudadanía a participar en la consulta?
La sesión del primer jueves de octubre en la Suprema Corte nos ofrece una gran oportunidad para exigir a quienes nos gobiernan, y especialmente a quienes dictan y estudian nuestras leyes, que nos hablen en palabras claras y de una manera comprensible. Si quieren que la ciudadanía participe y quieren que se cumplan las leyes y se sigan las decisiones que favorecen nuestra convivencia, la mejor forma que tienen de hacerlo es hablarnos en términos que todas las personas comprendamos: con un lenguaje claro.
Paulina Chavira. Periodista, asesora lingüística y correctora de estilo de Nexos.
1 “Pregunta sobre la consulta que planteó la Corte es ‘poco clara’, se queja AMLO”, Animal Político, 2 de octubre de 2020.
2 Ibídem.
Anuario de Glotopolítica 
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