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Otro varapalo a la imposición lingüística

Pretender romper la armonía entre el castellano y el valenciano tiene ese mal final

El Periódico Mediterráneo

Errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios». La cita del poeta británico Alexander Pope no ha envejecido con el paso del tiempo y retrata el proceder diario de las personas. La primera parte del enunciado encaja a la perfección con el Consell que encabeza Ximo Puig, porque el error es persistente en su gestión, bien por incapacidad o bien por sectarismo –como sucede con la imposición lingüística– y ambas adjetivaciones son humanas. La tercera parte de la locución es de imposible aplicación en la Administración liderada por Puig y cuya voz colegiada expresa Mónica Oltra. No hay sapiencia en el Ejecutivo autonómico, por lo que es imposible la rectificación. Lo cabal sería que después de los varapalos judiciales que se han llevado en el Decreto de Plurilingüismo, los conciertos educativos o la Ley de la Función Social de la Vivienda, no fueran tan pertinaces en imponer su ideología por encima de la legalidad.

Estos últimos días ha sido el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el que ha anulado 13 artículos y una disposición final del Decreto 61/2017 de la Generalitat que regula el uso del castellano y del valenciano en la Administración autonómica. Pretender romper la armonía entre las dos lenguas cooficiales tiene ese mal final, y a la fractura social se añade el reproche de los tribunales.

No hay que atacar innecesariamente al castellano para defender al valenciano, ni pretender que el uso de una lengua excluya el de la otra. Y eso es lo que perseguía el Consell: imponer una sola lengua en las notificaciones de trámites administrativos; rotulación de edificios, carreteras y dependencias públicas; comunicación entre empleados públicos y ciudadanos; publicaciones y publicidad institucional o contratos con proveedores, entre otras cuestiones.

El tribunal ha atendido el recurso del PP en la defensa de la libertad de los ciudadanos y la única ocurrencia de Oltra es espetarnos que incitamos al odio. Haría bien en reconocer que no erramos quienes recurrimos normas ilegales y sí quienes las dictan imbuidos de su delirio ideológico, que tiene su guía en la inmersión lingüística catalana. Tantas veces como la libertad de los ciudadanos sea cercenada, el PP recurrirá las decisiones sectarias en los tribunales.

Como aludía Pope en la segunda parte de su cita «perdonar es divino», y los ciudadanos de la Comunitat no pueden entrar en ese campo de la espiritualidad pero sí actuar ante la cerrazón –bordeando lo enfermizo– de estos dirigentes. Les harán ver dentro de diez meses en las urnas lo errados que estaban. Rectificar ni saben ni quieren.

Por Isabel Bonig

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