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Una legislatura para consolidar por primera vez el plurilingüismo

El modelo del tripartito será el primero que logre extenderse a todas las etapas educativas. Queda la ‘patata caliente’ del requisito lingüístico en la función pública

 

elmundo.es

La previsible renovación del pacto del Botànic que alumbrará un nuevo gobierno tripartito -con la entrada de Podemos, sumándose a PSPV y Compromís- tendrá obviamente consecuencias en una de las áreas más importantes:la educativa. No porque vaya a imprimirse un cambio de rumbo en el camino ya iniciado por el nacionalista Vicent Marzà, sino porque será el Consell del Botànic el que tenga por primera vez la oportunidad de consolidar en el sistema educativo valenciano un modelo plurilingüe. Una cuestión no poco relevante si se tiene en cuenta que en seis años los centros han tenido que lidiar hasta con cuatro normas diferentes. El debate sobre el modelo plurilingüe, además, ha estado agitado en esta legislatura por las duras críticas de PP y Ciudadanos y los contundentes varapalos judiciales.

Inició el trayecto del plurilingüismo la ex consellera y hoy candidata del PP a la Alcaldía de Valencia, María José Català, con aquel primer decreto de 2012 que a las líneas de castellano y valenciano incorporaba alguna asignatura en inglés. Sin embargo, esta primera norma únicamente pudo aplicarse hasta el curso 2016-2017, con lo que únicamente pudo aplicarse hasta el segundo ciclo de Primaria (hasta el cuarto curso).

El calendario de implantación que entonces se fijó era considerablemente lento, pues no contemplaba llegar al último curso de Bachillerato hasta 2020-2021. Sin embargo, la última ley que salió de las Cortes en 2018 con el apoyo de PSPV, Compromís y Podemos aceleró el calendario de implantación. Si en la primera legislatura del Botànic se ha llegado con el nuevo modelo plurilingüe hasta el primer ciclo de Primaria (incluyendo toda la etapa de Infantil), la previsión que se marcó la Conselleria de Marzà supone arrancar el próximo curso con la implantación en el segundo y tercer ciclo de Primaria y llegar en 2020-2021 a toda la ESO, Bachillerato y FP.

Dicho con otras palabras, será la próxima Conselleria de Educación la que culmine por primera vez la implantación del plurilingüismo en todo el sistema educativo, a pesar de que los inicios fueron tremendamente complicados. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tumbó el decreto de 2017 en pleno proceso de admisión escolar. Así que los intentos de Educación por salvar ‘in extremis’ las bases de su modelo llevaron al Consell a aprobar de urgencia un decreto ley para el curso 2017-2018, y que fue sustituido por la ley hoy vigente en febrero de 2018.

Lo que dice esta última ley -que tanto el partido de Isabel Bonig como el de Toni Cantó prometieron derogar- es que las lenguas cooficiales deberán tener una presencia de al menos el 25% del horario lectivo, un porcentaje que se fijó atendiendo a las sentencias judiciales contra la inmersión lingüística en Cataluña. A partir de ahí, y una vez se introduzcan también asignaturas no lingüísticas en inglés, el objetivo a alcanzar debería ser superar el 50% del horario en valenciano.

Aun así, este planteamiento -consensuado evidentemente con los socialistas de la mano de su secretario autonómico en la Conselleria, Miguel Soler- no ha acabado de gustar en los ámbitos de entidades sindicales como el STEPV (Intersindical) o sociales como Escola Valenciana. Ambas son de la órbita del propio Marzà y, sin embargo, han criticado el poco atrevimiento del Gobierno del Botànic a la hora de apostar de manera más decidida por la enseñanza en valenciano.

BLOC E INTERSINDICAL

De hecho, no deja de ser paradójico el distanciamiento que se ha producido en los últimos tiempos entre Intersindical y el Bloc (partido mayoritario dentro de Compromís). Lo cierto es que el sindicato ha sido uno de los más críticos con la política lingüística del Consell del Botànic, pero justamente por quedarse corta a pesar de estar prácticamente en manos de Compromís y, en concreto, de un dirigente del Bloc como Marzà (llamado, por cierto, a repetir al frente de la cartera de Educación para acabar de consolidar el cambio iniciado en los últimos cuatro años, en los que además ha demostrado mantener una muy buena relación con el presidente Ximo Puig).

La otra pata de la política lingüística -al margen de la educativa- ha recaído en manos de la Conselleria del PSPV que ha dirigido Gabriela Bravo. El departamento de Justicia y Administración Pública se vio obligado a enfriar la nueva ley que introducía el requisito lingüístico para los funcionarios, ante la falta de consenso y el revuelo generado. Será una de las próximas ‘patatas calientes’.

 

 

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