Noticias

Una reforma lingüística

elmundo.es

Por MERCÈ VILARRUBIAS

La autora aborda las trabas de los hablantes del español en ciertas comunidades al tiempo que señala la insuficiente iniciativa del Estado en el reconocimiento y la visibilización de la diversidad lingüística del país

Bienvenido sea el debate sobre la Ley de Lenguas, propuesta que empecé a formular a finales de 2014 junto con mis colegas los ensayistas Juan Claudio de Ramón, Joaquim Coll y el lingüista Javier Pérez, entre otros. La reciente publicación de mi libro Por una Ley de Lenguas, donde la propuesta se articula detalladamente, ha suscitado interés y ha sido objeto de algunas críticas. En este artículo explicaré el núcleo de nuestra propuesta, el cual ha sido malinterpretado en gran parte de las críticas.

La Ley de Lenguas Oficiales y Derechos Lingüísticos, su nombre completo, es una propuesta de ley estatal que tiene como objetivo una reforma lingüística en España. Aborda dos cuestiones mal resueltas en este momento: la imposibilidad con la que se encuentran los hablantes del español en las comunidades bilingües para ejercer sus derechos lingüísticos y la insuficiente iniciativa del Estado en el reconocimiento y visibilidad de la diversidad lingüística del país.

Para tratar estas dos cuestiones de mejor manera, la propuesta aboga detalladamente por un cambio de paradigma: dejar de hablar tanto de las lenguas y pasar a hablar de los hablantes. De los hablantes-ciudadanos, de sus preferencias lingüísticas y de sus derechos lingüísticos, términos ambos ausentes en el actual debate público. De esta manera lograríamos llevar la discusión sobre las lenguas al terreno que le corresponde, el de la ciudadanía. Sería una percepción alternativa a la actual visión romántica de las lenguas como soporte del pueblo diferenciado. Vincular lenguas y ciudadanía nos permitiría, a su vez, estar en condiciones de elaborar una normativa lingüística estatal con el objeto de regular no las lenguas españolas sino unos derechos lingüísticos mínimos para todos los ciudadanos y ciudadanas independientemente de donde vivan.

La propuesta surge del diagnóstico de lo que no ha funcionado bien en estos 40 años de democracia. La primera cuestión: hemos llegado a un punto donde las políticas lingüísticas nacionalistas en las comunidades bilingües no conocen límite. Todo está bien y todo está permitido si se hace en favor del catalán/valenciano o el euskera y, en menor medida, el gallego. Lo podemos observar en los múltiples incidentes lingüísticos que constantemente se dan en estas comunidades.

Mientras, los ciudadanos cuya lengua materna o lengua de preferencia es el español carecen completamente de derechos lingüísticos (en Cataluña y en Baleares, y de forma más matizada en las demás comunidades bilingües). La razón está en que las políticas lingüísticas dependen en este momento exclusivamente de la voluntad de las administraciones autonómicas al ser la legislación lingüística estatal dispersa e insuficiente. Ya que los gobiernos autonómicos nacionalistas están embarcados en unas políticas pro-monolingüismo, debería corresponder al Gobierno español subsanar la consiguiente ausencia de derechos lingüísticos de los hablantes del español, recogiendo en una legislación aprobada por el Congreso la ya abundante jurisprudencia lingüística emitida por el Tribunal Constitucional y los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.

La ley de lenguas, sin embargo, no se centra solamente en esta grave problemática, sino que también aborda una segunda cuestión. Proponemos una reforma lingüística global que tenga en cuenta a todas las lenguas españolas oficiales y a los derechos de todos sus hablantes. Pensamos que es esta la mejor manera de abordar la perdurable disputa lingüística española porque es la forma más justa: regular los derechos lingüísticos de todos. Por ello, el segundo objetivo de la ley es dotar al catalán/valenciano, al euskera y al gallego de una mayor y mejor presencia en las instituciones centrales del Gobierno y el Estado. Ya que la propuesta tiene su eje en los derechos lingüísticos de la ciudadanía, la ley especificaría con qué instituciones y órganos estatales los hablantes del catalán/valenciano, el euskera y el gallego tienen derecho a comunicarse en su lengua.

Ello conformaría el plurilingüismo estatal, el cual de hecho constituye ya una realidad en muchas esferas de nuestras vidas. Algunos ejemplos de derechos lingüísticos ejercidos de facto por parte de los hablantes del catalán/valenciano, euskera y gallego, pero raramente reconocidos públicamente: los DNIs en las comunidades bilingües son bilingües; los teléfonos centrales de algunos ministerios permiten la comunicación en español, catalán/valenciano, euskera y gallego, y es el usuario quien escoge; los premios y subvenciones del Ministerio de Cultura están abiertos a creadores en todas las lenguas oficiales.

Sin embargo, estas y otras acciones de plurilingüismo estatal nunca han sido comunicadas ni puestas en valor por parte de los sucesivos Gobiernos centrales, quienes se han limitado a tramitarlas de forma puramente burocrática. La razón está en que el Estado siempre se ha inhibido en este tema, un tema precisamente crucial para el proyecto común español. Pero ya desde los primeros Estatutos, el Estado ha dejado el relato lingüístico de la democracia plenamente en manos de los nacionalistas; los pésimos resultados de ello están a la vista de todos.

Para cambiar las cosas, el Estado debe intervenir y debe hacerlo bien en un tema tan sensible. La intervención debe darse en dos niveles sucesivos: discursivo y legislativo. Para ello se requiere, en primer lugar, desarrollar una visión global y ecuánime de todas las lenguas y sus hablantes, con una fuerte voluntad de inclusividad y siendo firmes en la defensa de los derechos lingüísticos de todos.

Así pues, la propuesta de la Ley de Lenguas no discute la utilidad de las lenguas minoritarias ni busca regalar nada a los nacionalistas. Se trata de un plan claro y detallado para que el Estado, de forma gradual, se involucre activamente en la gestión de la diversidad lingüística de nuestro país en clave de derechos civiles, convirtiéndose en un nuevo actor lingüístico. Este es el núcleo de la propuesta.

Mercé Villarrubias es lingüista y escritora; y autora del libro Por una Ley de Lenguas (Ed. Deusto, 2019).

 

 

 

0 comments on “Una reforma lingüística

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: