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El requisito lingüístico, a debate en plena campaña electoral

El PP forzará a socialistas y nacionalistas a posicionarse sobre la obligación a todos los funcionarios de saber valenciano, en el próximo pleno de la Diputación. Un diputado socialista ya lo impuso en su municipio, Dénia

 

elmundo.es

Ni socialistas ni nacionalistas quieren oír hablar de Cataluña en esta campaña electoral, pero se verán forzados a debatir sobre cuestiones que pueden terminar de conducir a la Comunidad Valenciana a situaciones parecidas a la de la vecina comunidad autónoma en un futuro. Cuestiones, opina el PP, como el requisito lingüístico para todos los funcionarios, algo que ha evitado sacar a la palestra el Botánico 2 durante la campaña electoral pero que la conselleria de Justicia, Interior y Adminsitración Pública (en manos de la socialista Gabriela Bravo, con el apoyo de Compromís y Unidas Podemos) quiere llevar a las Cortes Valencianas después de los comicios del próximo domingo.

No será posible evitar el debate, aunque sea en la principal institución de la Comunidad Valenciana en manos del PP: la Diputación de Alicante. Los populares de Carlos Mazón llevarán al pleno del próximo miércoles una moción en la que se insta al Consell a «respetar que la lengua valenciana no pueda ser un requisito excluyente y barrera impeditiva para acceder al empleo público». Le insta a «garantizar y respetar en el acceso, concursos y promoción para toda la función pública autonómica, los principios de mérito, igualdad y capacidad establecidos en la Constitución Española y en el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público» y a «compatibilizar la aplicación de la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y enseñanza del valenciano, con el derecho que tiene todo ciudadano a actuar ante la administración de la Generalitat en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad».

«Asimismo -continúa la moción- se insta a las Cortes Valencianas a manifestar que la Comunidad Valenciana no puede prescindir de los mejores profesionales, tanto nacionales como internacionales, pues en un mundo globalizado y de máxima especialización, los grandes sanitarios, educadores, ingenieros, abogados, asistentes sociales, arquitectos… acuden allá donde mejor pueden desarrollar su profesión sin que les sea impuestos requisitos lingüísticos».

Todo un órdago para retratar al PSOE y Compromís ante el reto electoral del domingo, «para que se posicionen públicamente a favor o en contra de la imposición, en un país donde hay una lengua nacional y otras regionales que ahora se quieren imponer para acceder a cualquier puesto de la administración pública excluyendo a nuestros propios ciudadanos o a ciudadanos de otras autonomías o países muy cualificados pero que no saben valenciano», explicó a este diario el portavoz adjunto del PP, Adrián Ballester. El PP y Cs (previsiblemente a favor de la inicitiva de los populares), tienen mayoría absoluta en la Diputación de Alicante.

Se trata de la misma moción que presentó Ballester en las Cortes Valencianas y el mismo argumentario que utilizó el PP cuando los socialistas aprobaron el requisito lingüístico en el municipio de Dénia a finales del pasado mes de agosto mediante un subterfugio legal, modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Óscar Mengual y Vicent Grimalt, los socialistas que impusieron el requisito lingüístico en Dénia.EL MUNDO

El PP argumenta que la Constitución «protege y promueve las distintas lenguas existentes en España, estableciendo en el artículo 3 que el castellano es la lengua española oficial del Estado, teniendo todos los españoles el deber de conocerla y el derecho a usarla; que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos». Lenguas, «objeto de especial respeto y protección», pero no con la obligación de hablarlas o conocerlas. De ahí que en el propio Estatuto de Autonomía se establezca que no se puede discriminar «a nadie por razón de su lengua».

El PP prosigue señalando que «los principios que rigen el acceso a la función pública son los de igualdad, mérito y capacidad» y que « los requisitos han de serlo con relación al perfil y exigencias del concreto puesto de trabajo. Es decir, inclusivos, pero no impeditivos o excluyentes, sobre todo cuando la garantía de atención al ciudadano en la lengua cooficial que lo solicite no precisa de un 100% de empleados públicos valencianoparlantes, en cuanto no es del 100% la exigencia».

«Por tanto, el respeto a las distintas modalidades lingüísticas existentes en España y, en concreto, con respecto al fomento del valenciano y el uso de la lengua que el ciudadano decida, atendiendo al territorio concreto que se trate, en sus relaciones con la administración pública queda garantizado por nuestro ordenamiento jurídico», añaden.

Pero, a la vez, «no puede discriminarse a los empleados públicos, en su acceso y promoción, por razón de lengua, introduciendo barreras impeditivas o requisitos excluyentes respecto de todos los puestos de trabajo dependientes de la Generalitat Valenciana, desentendiéndose de que el perfil de la función a desempeñar tenga, o no, requerimientos lingüísticos concretos que estén, además, así recogidos en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

«Una legislación autonómica que introduzca el reconocimiento de la lengua cooficial como barrera para el acceso o la promoción en la función pública supone una clara discriminación, infracción estatutaria y de otras normas, así como vulneración de los principios selectivos, tanto de acceso como de promoción, además de originar una barrera para la movilidad de funcionarios de los cuerpos estatales», concluye la moción.

«Por todo ello, para cualquier modificación legislativa que afecte a estos derechos y principios esenciales, en especial de la normativa reguladora de la función pública, resulta necesario y urgente que, cuanto antes, el Consell se pronuncie expresa y claramente sobre esta cuestión, evitando que se imponga generalizadamente un requisito lingüístico, obligatorio y no solo como mérito, para toda la función pública autonómica, es decir, la exigencia obligatoria del conocimiento y acreditación del valenciano para todos los empleados públicos en las pruebas selectivas de acceso y promoción, lo que nunca puede configurarse como una barrera impeditiva o excluyente que haga abstracción de que lo exija el perfil de cada puesto de trabajo», añade la moción.

 

 

 

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