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La lengua es política: piden incorporar la pregunta por el idioma de los pueblos originarios al próximo censo

El grito del sur

Por Matias Ferrari enero 14, 2021

Se estima que existen al menos unos 24 idiomas originarios en el país, pero no hay estadísticas oficiales que determinen cuántas personas los hablan. Organizaciones indígenas y académicos de distintas disciplinas reclaman que el INDEC incorpore al próximo censo la pregunta por el habla, para “reconocer un derecho que garantiza muchos otros”.

“Además del español, ¿qué otras lenguas habla, entiende y/o aprende con integrantes de su familia y/o su comunidad?” La pregunta podría formar parte del próximo censo –postergado por la pandemia el año pasado y aún sin fecha definida para éste– con el propósito de que conozcamos, por primera vez y con la fuerza irrefutable de la estadística oficial, la diversidad y vastedad de idiomas que se hablan en el país a la par del castellano. En esa idea, que se transformó a esta altura en una reivindicación, trabajan desde hace años un grupo de organizaciones de pueblos originarios e investigadoras de 19 universidades nacionales, para quienes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) debería incorporar esa y otras consultas de carácter cultural al cuestionario nacional.

“La lengua es política. Mucha gente de los pueblos originarios sigue hablando en su idioma madre como una estrategia de resistencia a la dominación, a la integración que le propone un Estado que los discrimina y los persigue. Pero muchas están en un proceso de retracción, de debilitamiento y hasta de extinción, y no son reconocidas precisamente porque así se consigue negarlas para someter aún más a las personas que las hablan. Nuestro reclamo tiene que ver con que si se las reconocieran, se podrían implementar políticas públicas específicas que favorezcan la reparación histórica de los pueblos, que empezaron en el país por decisión de Cristina Kirchner en 2010 pero no se terminan de cumplir. Garantizar el derecho a la lengua, hoy, es un primer paso para garantizar muchos otros derechos postergados”, explicó en diálogo con El Grito del Sur la politóloga de la UnLa Verónica Azpiroz Cleñan, miembro de la comunidad Mapuche EPU LAFKEN, de Los Toldos, Provincia de Buenos de Aires, y militante del Tejido de Profesionales Indígenas.

Cleñan y otras investigadoras de 19 universidades, junto a referentes de comunidades originarias, lanzaron una campaña que terminó juntando el año pasado unas 2400 firmas que apoyan la iniciativa, y que fueron entregadas en mano a la directora de Población y Estadísticas Sociales del INDEC, Gladys Massé. Pero hasta ahora, la respuesta del organismo fue negativa. Si bien el INDEC confirmó que incluirá por primera vez las preguntas por el autoreconocimiento de quienes se sienten parte de alguno de los más de 30 pueblos originarios del país, o descendiente de alguno de ellos, se niega a incluir la consulta sobre el idioma que se habla. La discusión, sin embargo, todavía está abierta: según el propio cronograma de trabajo del organismo de cara al próximo censo, el cuestionario definitivo terminaría de cerrarse recién en Mayo.

“El problema es que hay muchas personas que hablan alguna de las lenguas indígenas pero que no se reconocen como tales. O al revés también. Yo misma soy Mapuche y ni yo ni mi hijo hablamos mapuzungun como lengua primera. En Los Toldos empezó a ser erradicada en la década del 40 y no se enseña en las escuelas como contenido curricular. Pero hay miles de mapuches que sí lo hablan. También hay, por ejemplo, hablantes de “la quichua” en Santiago del Estero que se reconocen como quichua hablantes pero se reconocen argentinos, no como miembros de un pueblo originario. Ahí hay un problema estadístico pero sobre todo un problema de reconocimiento del Estado y cómo se garantizan derechos. Cuando hablantes monolingües bajan del monte a atenderse por algún problema de salud no pueden explicar qué padecimiento tienen en castellano, el padecer es cultural”, describió Cleñan.

Un documento de la CEPAL de noviembre de 2019 le da la razón. Se titula “Aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda: desafíos para la definición de contenidos incluyentes en la ronda 2020” y recomienda a los gobiernos incorporar la consulta por el lenguaje, algo que ya se hizo con éxito en México, Ecuador, Colombia, Bolivia, Paraguay y Perú, entre otros países de la región. “La preservación y promoción del idioma es una de las reivindicaciones esenciales de las organizaciones indígenas, y en algunos casos también afrodescendientes. El idioma es cultura, y a través de él se transmiten las prácticas y significados del ser indígena o afrodescendiente, representa un pilar fundamental en la identidad, y es un canal que facilita la continuidad de los pueblos”, dice el documento sobre la cuestión.

El cuestionario que ya diseñaron las investigadoras incluye las respuestas “Guaraní”,  “Aymara”, “Chorote”, “Pilagá” y “Mapuzungun”, entre otras de las más conocidas, pero también aparecen otras lenguas que se creen extintas aunque no lo estén, como el selknam, el günün a yajüch o el kakán. La lista abarca unos 24 idiomas originarios. Si bien hay una extensa historiografía sobre cada una de ellas, lo cierto es que no hay ni siquiera un número aproximado o hipotético de cuántas personas los hablan.

Cleñan, quien es candidata a doctora en Salud Colectiva en la UnLa, va más allá del reconocimiento cultural y pone el eje en los derechos concretos. “En el Chaco por la barrera del idioma muchas personas de comunidades qom o mocoví no entendían el COVID, no sabían qué era un virus nuevo y por ende cómo cuidarse. No comprendían desde su propia estructura cultural qué riesgo podrían tener, y no hubo un esfuerzo del Estado en tener una estrategia para eso. También nos llegó información de problemas con el IFE en comunidades Guaraníes de Misiones, que no llegaban a completar el formulario por incomprensión lingüística o si lo lograban, después hubo problemas de lecto comprensión en castellano para bancarizarse”, indicó.

Lo llamativo es el silencio de la autoridad de aplicación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). “Tenemos mucho que trabajar internamente entre las propias organizaciones indígenas, porque existen desigualdades al interior y surgen contradicciones a la hora de establecer prioridades», afirmó Azpiroz Cleñan.

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