El idioma de los Uruguayos

El Día.

Diego Santi. 1 de febrero de 2021.

El pasado 14 de julio del 2020, el Diputado por el Partido Colorado Ope Pasquet presentó un proyecto de ley para oficializar al español como lengua oficial del Uruguay, proyecto que ya había sido presentado, sin alcanzar su aprobación, en agosto de 2018.   

Son varios los motivos que fundamentan el proyecto; por un lado se busca que el español sea usado “según las reglas generalmente reconocidas en la comunidad hispanohablante”, advirtiendo “graves deficiencias” en el uso del idioma y recordando que es el sistema educativo quien debe preservar y transmitir esas reglas, ya que “la enseñanza de las reglas de uso del idioma del país es uno de los cometidos básicos de cualquier sistema educativo”.

Por otro lado se apunta a la unidad de la comunidad hispanohablante, destacando el lugar del español como ese “valor” común que trasciende fronteras y que será clave para una exitosa inclusión laboral y para el pleno ejercicio de la ciudadanía.      

En la exposición de motivos se señala como un problema al “lenguaje inclusivo” y su “irrupción” en centros de enseñanza y otras instituciones públicas, fenómeno que, en la Administración pasada, contó con el apoyo de las autoridades de la Educación. Entre otras referencias normativas, Pasquet alude a la Real Academia Española (RAE) y a la Academia Nacional de Letras y su cuestionamiento al lenguaje inclusivo, el cual estaría “reñido con la estructura general del idioma español y lesivo de su unidad en la comunidad hispanohablante”.  El texto apela a no ignorar “esas palabras inventadas” y “ajenas a la morfología del español”, admitidas como válidas en algunos centros de enseñanza”.

Seguramente muchos lectores dieran por sentado que el español ya ocupaba el sitial de lengua oficial del Uruguay, sin embargo podemos ver que el tema está lejos de ser un asunto cerrado. ¿Por qué es tan importante legislar sobre las lenguas para los Estados? ¿Existen otros colectivos sociales que buscan reforzar su identidad a través del lenguaje? ¿Cuáles son las ideologías que subyacen a este tipo de políticas lingüísticas?

Estas son solo algunas de las preguntas que pueden surgir de este tipo de propuestas, y para dar respuesta a algunas de ellas nos acercamos a la Doctora Graciela Barrios, actualmente Docente Libre del Departamento de Psico- y Sociolingüística de la Universidad de la República,  ex Profesora Titular y Directora de dicho Departamento, ex Coordinadora Académica de la Maestría en Ciencias Humanas, opción «Lenguaje, cultura y sociedad», y referencia ineludible en lo que refiere al estudio de políticas lingüísticas:       

Doctora Barrios ¿Por qué cree que Uruguay no tiene una lengua oficial en su Constitución?

Porque se daba por sentado que la única lengua de uso oficial y vehículo de la educación era el español. No se necesitaba explicitarlo. Tanto es así que en Ley de Educación Común de 1877 se lo refiere como “lengua nacional”, sobreentendiéndose que se trataba del español.

En el contexto actual y global de reivindicación de la diversidad, la legislación lingüística de muchos países suele indicar en sus Constituciones cuál es la lengua oficial y nacional, pero también cuáles son las “otras lenguas” que complementan la “riqueza” y el “patrimonio” de la nación. Esto último no aparece en el proyecto de ley del diputado Ope Pasquet. Si se llegara a aprobar, debería como mínimo indicarse que en Uruguay también se hablan otras lenguas (portugués, lenguas migratorias y lengua de señas), además del español.  

En la exposición de motivos de este proyecto, se presenta el lenguaje inclusivo como “reñido con la estructura general del español” ¿Qué opinión le merece esa afirmación?

Los cambios en la morfosintaxis (gramática) y en la fonología (sonidos) se producen más lentamente que en el léxico (vocabulario), porque afectan el equilibrio funcional del sistema. Por eso es difícil que un cambio morfológico se pueda difundir rápidamente y “por decreto”, sobre todo en situaciones poco controladas e informales, como la oralidad, las conversaciones cotidianas en el hogar.

Todos los grupos sociales tienen formas de hablar particulares (sociolectos), rasgos lingüísticos propios que marcan su identidad. El uso de “todes” o de “las compañeras y los compañeros“son un ejemplo de esto. Una manera de marcar, a través del lenguaje, la adhesión o simpatía por las causas feministas.

Algunos rasgos usados como marcadores de lenguaje inclusivo de género tienen mayor impacto en la estructura gramatical del español, que otros. El uso de “e”, por ejemplo, como morfema de género neutro, para evitar el uso de “o” como masculino genérico. Podría discutirse si, desde el punto de vista estrictamente gramatical, es la elección más feliz, porque en español esa “e” también puede indicar masculino, por oposición (“intendente / intendenta”, “cliente / clienta”). También hay palabras con “a” que pueden ser masculinas o femeninas (“el artista / la artista”, “el pianista / la pianista”). Así que situar la discusión en el terreno estrictamente gramatical, es complejo.

Como sociolingüista, me enfocaría más bien en las implicancias político-lingüísticas. Cuando surge la expectativa de que determinados sociolectos se extiendan a espacios institucionales, como la educación o la administración pública, entramos en el terreno de la planificación lingüística, con todo lo que esto implica desde el punto de vista prescriptivo y de ejercicio del poder.

¿Hay alguna de las propuestas del lenguaje inclusivo que pueda considerarse “aceptable” para el sistema?

Suele darse como ejemplo expresiones como “los compañeros y las compañeras”. Sirven simbólicamente para marcar identidad, pero también pueden resultar prácticas para desambiguar. Por ejemplo, si digo “ya salieron los niños”, puede quedarme la duda si también salieron las niñas.

Ahora bien, un uso simbólico y constante del desdoblamiento “las/los” o similar, puede resultar bastante engorroso de mantener a lo largo de una conversación, o incluso un texto escrito. Un modo de comunicación poco natural para el común de los hablantes, que puede distraer la atención sobre el contenido del mensaje.

¿Es esperable que las comunidades adopten un cambio lingüístico de este tipo sin más?

Para que la comunidad adopte con cierto grado de convencimiento o naturalidad los cambios lingüísticos que propone cualquier agente planificador (Estado, educación, organizaciones o movimientos sociales, etc.), debe sentirse cómoda con los modelos sociales con los que se identifican esos usos lingüísticos. La alternativa es mediante un ejercicio más directo del poder. En el ámbito educativo o en la administración pública, cuando nos corrigen, pero también en cualquier situación cotidiana, cuando se burlan o cuando nos aplauden por el modo como hablamos.

¿Qué otros objetivos persigue este tipo de propuestas de cambio lingüístico?

La planificación lingüística produce cambios “in vitro”, como dice Calvet. Cambios artificiales. Innovando, acelerando o contradiciendo prácticas lingüísticas comunitarias. Los objetivos son identitarios, sociales, culturales, políticos, económicos, etc. La planificación lingüística puede reprimir o reivindicar grupos sociales relegados y discriminados. Puede llamar la atención sobre el origen racista o machista de ciertas expresiones, proponiendo usos alternativos y dejando en evidencia cómo el lenguaje, a través de su historia, ha sido permeable a situaciones ancestrales de dominación y discriminación.

Ahora bien, ninguna propuesta de planificación lingüística refleja las identidades y expectativas de TODA una sociedad, por la sencilla razón de que no somos todos iguales. De ahí nuestra responsabilidad cuando proponemos políticas lingüísticas que apuntan a la sociedad en su conjunto. Sea la declaración de una única lengua como oficial; sea la enseñanza de formas lingüísticas alternativas.

En los fundamentos de su proyecto de ley, el Diputado Ope Pasquet presenta al lenguaje inclusivo como «reñido con la estructura general del idioma español y lesivo de su unidad en la comunidad hispanohablante» ¿Cuál es su opinión?

La afirmación reproduce el discurso tradicional de la política lingüística panhispánica, liderada por la RAE: mantener el español como lengua común con las ex colonias.

La discusión sobre el lenguaje inclusivo de género no se da sólo en Uruguay. Está presente en muchos países de habla hispana, con propuestas similares.

El Diputado Ope Pasquet también indica lo siguiente: «(…) Es responsabilidad de las autoridades de un Estado democrático que el lenguaje de éste sea el de la generalidad de los ciudadanos, (…)». ¿Cuál es la tendencia de los Estados desarrollados hoy en día con respecto a prescribir el uso de una determinada lengua?

Los Estados nacionales han privilegiado tradicionalmente el uso de una determinada lengua nacional y de una determinada variedad estándar de esa lengua nacional, a través de la educación. Pasquet se refiere a una característica propia de la lengua estándar: estar disponible para la generalidad de los ciudadanos. O sea, que todos los ciudadanos sepan leer y escribir, que accedan al conocimiento a través de una lengua común aprendida en la escuela. Así funciona el sistema educativo y así funcionan los Estados modernos.

Actualmente, en muchos países hay una tendencia creciente a reconocer otras lenguas además de las “nacionales” y a incluir su enseñanza en el sistema educativo. No sólo como lenguas “extranjeras”, sino como lenguas étnicas, vehículo de culturas y tradiciones particulares: lenguas regionales, fronterizas, migratorias, indígenas, así como también las lenguas de señas. 

¿Cuál sería el rol de la educación, desde esta perspectiva?

Tal como están las cosas, aspiraría como mínimo a que los alumnos aprendan a leer y escribir de verdad. Que manejen distintos registros, que puedan entender y producir distintos tipos de textos. Que puedan manejarse en distintas situaciones comunicativas. Que aprendan varias lenguas. Que el lenguaje les facilite la inserción y el desarrollo en sociedad, el acceso al conocimiento. Con eso ya avanzaríamos bastante en la equidad.

De acuerdo a sus conocimientos e investigaciones ¿Diría que existe una postura batllista en lo que refiere a políticas lingüísticas?

El proyecto de ley de Pasquet se inserta en una política lingüística nacionalista y normativa tradicional, que en Uruguay se remonta a fines del siglo XIX. La propuesta encaja también en una política batllista, por el rol protagónico del Estado en la determinación de políticas públicas, incluyendo la educación y la construcción de ciudadanía.