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El lenguaje del oficial de la ONU ante la Comisión de DD.HH. de la Cámara

El representante de la alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Xavier Mena, habló de “cifras oficiales” de personas desaparecidas, pero el INDH no ha consignado la situación.

 

pauta.cl

POR GERARDO GÓMEZ

“Nuestro mensaje principal es ponernos a disposición del trabajo de largo aliento que significará la composición y atención de los temas de fondo”, dijo Xavier Mena, oficial a cargo de la oficina regional de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos ante la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados, en el contexto del estado de emergencia que decretó el Gobierno de Sebastián Piñera el pasado sábado 19 de octubre tras el estallido de violencia contra la infraestructura pública y privada.

Pero Mena, representante de la oficina que desde Ginebra encabeza Michelle Bachelet, añadió una frase sensible: “Queremos expresar nuestra preocupación por las cifras de efecto de la violencia desplegada y, sobre todo, llamar la atención sobre la información oficial de personas que estarían desaparecidas”.

Mena citó “cifras oficiales de desaparecidos”. Sin embargo, el catastro que elabora a diario el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) no ha mencionado casos de esa naturaleza. Su informe del 24 de octubre a las 22 horas (posterior incluso a las declaraciones de Mena) reporta, de todos modos, 2.840 personas detenidas, 582 heridos (295 por armas de fuego), cinco querellas por homicidio con balas de fuego con eventual participación de agentes del Estado, además de 12 querellas por violencia sexual y 14 recursos de amparo.

Son denuncias que las instituciones judiciales están investigando.

El Ministerio Público también ha entregado información y de oficio ha levantando investigaciones por eventuales abusos que habrían cometido uniformados. Los muertos suman 17 personas, según ese recuento, entre los cuales se cuentan siete calcinados producto de los saqueos y cinco atribuidos a uniformados.

INDH y PDI

Respecto de las denuncias por abusos policiales, el director del INDH, Sergio Micco, y un grupo de observadores y abogados han estado monitoreando la situación y de hecho fueron recibidos por el Presidente Piñera en La Moneda.

Fue en ese contexto que Micco llamó al director general de la PDI, Héctor Espinoza, para que indagara la participación de carabineros en supuestos apremios ilegítimos a detenidos que estarían en un calabozo del Metro Estación Baquedano, donde se ubica una comisaría. Pero más tarde se supo que funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI ingresaron al lugar a acompañar a dos jueces del 7° juzgado de Garantía de Santiago –Daniel Urrutia y Darwin Bratti– que fueron a verificar la denuncia, pero no se encontraron detenidos.

De todas formas, los jueces denegaron el recurso de amparo dado que no hallaron detenidos, pero enviaron la denuncia al Ministerio Público para la indagación correspondiente.

Espinoza, quien estuvo junto con el general director de Carabineros, Mario Rozas, y el propio Micco ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, le recriminó al director del INDH su falta de precisión en una denuncia de esa gravedad. “Me pareció de una absoluta irresponsabilidad que, sin verificar los datos, se entregue a la ciudadanía, en un momento de efervescencia donde hay mucha intranquilidad, información errada”, le reprochó.

De hecho, durante esa jornada de miércoles el INDH borró un tuit inicial que hablaba de esa denuncia.

Micco le contestó al director de la PDI: “Yo quisiera preguntarle a usted si ha cometido alguna equivocación en la vida, sobre la base de información que le han dados sus subalternos. Y yo creo que la respuesta es sí. En segundo lugar, en las condiciones que hemos estado todos estos días, es evidente que los riesgos de cometer errores son grandes”.

La misión enviada por Bachelet

La Cancillería informó el 24 de octubre que, a través del Ministerio de Justicia, se solicitó a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que envíe observadores a Chile para garantizar mayor transparencia por el uso de la fuerza durante el estado de emergencia. Así lo explicó el canciller Teodoro Ribera.

La expresidenta Bachelet más tarde confirmó el envío de la comisión a Chile.

Durante este mismo viernes, la oficina confirmó que llegarán tres funcionarios de esa entidad, que estarán en el país entre el lunes 28 de octubre y el viernes 22 de noviembre.

Poco después, el servicio de noticias de la ONU tuiteó que han recibido la denuncia sobre la muerte de 18 personas, entre ellas un niño de cuatro años. Aunque la ONU no lo menciona, este último caso se trataría del menor que murió atropellado por un conductor ebrio en San Pedro de la Paz mientras su familia participaba en una manifestación en esa comuna.

La misma invitación se extendió a José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Vea a continuación la exposición de Xavier Mena ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja:

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